Ahora que la Presidencia y el Consejo Económico y Social ponen en primer plano, una nueva ola de reformas. Hoy, que el Ministerio de Salud, además de participar activamente en lo anterior, impulsa la conclusión del Plan Estratégico Nacional, se imponen cambios de impacto inmediato.

Cambios con la finalidad ética de salvar vidas. Ese es el propósito del Ministerio de Salud, garantizar el “derecho a la vida”. Derecho instituido por el artículo 37 de la Constitución como obligación ineludible del Estado. Indicamos “ética” porque la vida es el imperativo categórico de toda política pública.

No es solo impedir que la gente enferme, sino garantizar que la población, luego de enfermar, tenga servicios de calidad que eviten fallecimientos por factores controlables. La probabilidad de enfermar (morbilidad), es determinada por múltiples causas, pero el riesgo de morir, lo fija pocos factores precipitantes.

La vía más expedita para preservar esas vidas, es relanzar la estrategia de atención primaria y el primer nivel bajo la gestión del Ministerio de Salud Pública. Órgano que para preservar la vida, tiene que ser juez y parte, del proceso ético de prevenir fallecimientos.

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Eso fue precisamente lo que se realizó en la pandemia, preservar vidas. Lográndose tasas de letalidad con valores menores de 1 (0.75%). Una de las más bajas de América. México 5.75%; Brasil 2.2%; EUA 1.2%; Costa Rica 0.99% y 0.79% Cuba. Así demuestra el Centro Ciencia y Sistemas, universidad Johns Hopkins.

Las prioridades de la reforma cruzan el prisma de la gestión anti-pandémica. Todo lo bueno que hemos hecho y hemos dejado de hacer, es el genuino laboratorio organizativo de la reforma.

La aplicación oportuna de vacunas, inclusión de nuevas terapéuticas, diagnóstico precoz vía imágenes y oferta de pruebas, generaron alto impacto. Sumados a la búsqueda activa y aumento de camas para internamientos, entre otros.

Lo anterior debiera lograrse con pacto estratégico entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Una alianza concentrada en salvar una parte significativa de los 63,117 dominicanos de todas las edades, que cada año mueren, por causas evitables de mortalidad. Sea por enfermedades, violencia y accidentes.

En la pandemia se invirtieron 38 mil millones de pesos, sobre los 123 mil millones aprobados para el Ministerio. Dicha inversión es la misma que debiera planificarse para que este órgano se ocupe de la atención primaria en primer nivel y el SNS asuma los otros niveles.

La reforma debiera reestructurar la separación de funciones del Decreto 379-14 y Ley 123-15. Iniciar de abajo hacia arriba. En una isla, más que regiones, lo prioritario son los barrios, comunidades rurales, distritos y municipios. Con la gente adentro, es ahí donde debe relanzarse, la atención primaria.