Ginecólogos citan peligros aprobar el Código Penal

Ginecólogos citan peligros aprobar el Código Penal

La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología recomendó ayer seguir el modelo adoptado por otros países con contextos similares al del país de aprobar un Código Penal que penalice el aborto, excepto en las tres causales específicas, y desarrollar un protocolo de implementación de las causales en colaboración con el Ministerio de Salud Pública.

Consideró un peligro para los profesionales de la medicina que se apruebe el Código Penal en la parte relativa al aborto y las tres causales.

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“La no aprobación de la despenalización del aborto en al menos las tres causales conocidas (riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto y embarazo por violación o incesto) mantendría la responsabilidad penal de los médicos ante un Código Penal que criminaliza todas las formas de aborto, imponiendo sanciones a los profesionales de la salud”, planteó.

Citó datos del Ministerio de Salud Pública que indican que en República Dominicana se reportan aproximadamente 25,000 hospitalizaciones anuales por complicaciones derivadas de abortos inseguros.

“La despenalización en estas tres causales podría reducir significativamente estas cifras, mejorando la calidad de atención en salud”, señala un comunicado de esa entidad.

Agrega que el proyecto actual excede la despenalización en las tres causales, introduciendo la despenalización libre del aborto. Este enfoque amplio puede generar rechazo social y legislativo, perpetuando la falta de protección tanto para las mujeres como para los médicos”.

Consideró necesario discutir la modificación de la Constitución de la República, que establece claramente el derecho a la vida, dentro del marco de una sociedad que respeta profundamente ese derecho.

“Solicitamos la despenalización del ejercicio médico en su más amplia dimensión, ya que el médico siempre actúa en beneficio y a favor de la preservación de la vida y las mejores condiciones para la salud de las personas”, pidió.

Estimó que crear un marco legal claro permitirá mejor protección para la salud de la mujer y mayor seguridad jurídica para el profesional de la salud.

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