El Gobierno informó que estableció un acuerdo con el consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella que crea un fondo contingente que garantice el flujo de recursos para la terminación y puesta en operación sin retraso de la central termoeléctrica Punta Catalina.

La información fue ofrecida en rueda de prensa por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el administrador de la termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.

Indicaron que el fondo contingente para evitar la paralización de termoeléctrica durante el proceso de arbitraje, fue creado por un monto de US$336 millones que serán reembolsados para cualquiera de las dos partes, tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje.

Resaltaron que este fondo se divide en dos partes, una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow cuyos desembolsos se harán a medida que se cumpla el cronograma de la planta.

Jiménez Bichara y Aristy Escuder dejaron claro que el acuerdo marco para la continuación del proyecto Punta Catalina no implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra.

«Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial”, explicó Jiménez Bichara.

Sostuvo que cada desembolso se realizará siempre contra ejecución de la obra y será auditado mensualmente por una firma auditora de reputación internacional. «Es decir, se entregarán los pagos a medida que se vaya finalizando la obra, estableciendo penalizaciones adicionales en caso de atraso».

Según se informó, el acuerdo permitirá que la primera unidad de la central termoeléctrica comience a operar a finales de 2018 y la segunda en febrero de 2019. Sin embargo, en caso de no cumplir fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de US$220 mil por cada día de atraso, pagado por el consorcio constructor al Gobierno.

Valor contractual. Aristy Escuder ratificó la posición del Gobierno de no pagar un centavo más sobre el valor contractual de de la central Punta Catalina de US$1,945 millones. Agregó que esta posición será defendida por una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y New York, Foley Hoag.