Ha llamado la atención y de manera muy particular a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la declaración del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte publicada en el periódico Diario Libre el jueves 17 de febrero, pag.12., donde anuncia que el proyecto “Barrick Gold tiene un cronograma bien claro y eficiente de aprovechamiento de su potencial de oro en el mercado internacional, no pueden tampoco perder mucho tiempo y yo pienso que más temprano que tarde debe anunciarse al país una solución satisfactoria”.
Llama la atención porque la explotación del oro por la Barric-Pueblo Viejo no es una cuestión de tiempo y conveniencia de la minera como parece afirmar el ministro de Energía y Minas, ni tampoco es algo que dependa o se resuelve, “el hecho de estar en estos días discutiendo los aspectos finales para anunciarle al país una solución definitiva, que tiene que ver con la localización de la presa de colas, las condiciones y otros detalles”.
Tal como señalara la señora Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo en ese mismo espacio “hay mucha desinformación respecto al impacto ambiental de las operaciones del proyecto minero, “mostrándose de acuerdo de que “el Gobierno contrate una firma que haga un estudio independiente en ese sentido” como efectivamente lo demanda la Constitución de la República (Capítulo IV. De los Recursos Naturales. Artículos 14 al 17, inclusive) y la Ley General No. 64-00 que crea la Secretaría, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que “pretende velar por la utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial y establecer los medios, formas y oportunidades convenientes” y en sus 20 considerando, en esencia, se ordena “la protección de los recursos naturales, la disminución de su vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales”.
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Esa es, precisamente, la misión y preocupación de la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana y su equipo ambiental que, en modo alguno, está opuesta a la explotación minera, siempre y cuando dicha explotación no lesione o viole la preservación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, lo que ha venido aconteciendo de tiempo atrás y solo se lograría evitar esos males mediante la contratación de un estudio técnico, fáctico, de investigación científica convenido por el Gobierno con una entidad reconocida por sus méritos y experiencia en ese campo y su solvencia moral que garantice la ubicación y construcción de la presa de colas y el tipo de explotación minera que permita, en definitiva, sin mayores daños y consecuencias, “ la extensión de la vida de la mina”.