Bogotá.– Los negociadores de paz del Gobierno colombiano dijeron hoy que con el cese el fuego bilateral y definitivo con las FARC que comenzó este lunes la fuerza pública podrá redoblar su capacidad institucional y controlará los territorios que durante años ocupó esa guerrilla.

“Queremos transmitirle a los colombianos la certeza de que este equipo negociador no ha sido ingenuo de que habrá actores que quieran persistir en el delito y mantenerse en esa condición”, dijo en una rueda de prensa el exdirector de la Policía, general retirado Óscar Naranjo, miembro del equipo negociador.

El Gobierno y las FARC pusieron en vigor hoy un histórico alto el fuego bilateral y definitivo, producto del acuerdo de fin del conflicto anunciado el pasado miércoles en La Habana, que deberá ser ratificado en un plebiscito popular el próximo 2 de octubre.

En ese sentido, Naranjo señaló que “la capacidad excedente” con la que va a contar la fuerza pública a partir de hoy “aumenta de manera sustancial” para “someter a los criminales al imperio de la ley».

Tras la firma del acuerdo con las FARC todavía queda una guerrilla activa en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cuenta con unos 1.500 miembros en armas. Además, hay un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se desmovilizó en 1991 y cuyos supervivientes son considerados por el Gobierno como una banda de narcotraficantes, así como el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país nacida tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otras organizaciones criminales.

Por ello, Naranjo dijo que el acuerdo con las FARC “debería ser recibido por las organizaciones de crimen organizado como un mensaje contundente de que el país no tolerará expresiones que perturben la tranquilidad de los colombianos y afecten la convivencia e implementación de los acuerdos». “Quisiera enviar el mensaje a esas organizaciones criminales (…) de que ha llegado el momento de que se sometan a la justicia y sean capaces de leer esta historia”, apostilló.

Por su parte, el general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora, que también formó parte del equipo negociador, reconoció que las áreas que abandonen las FARC “pueden ser ocupadas por uno de los actores que persisten en el conflicto».

Mora comentó que, pese a ello, una vez solucionado el problema con las FARC las fuerzas militares “quedan con una mayor libertad de acción” que les permitirá tener una mayor capacidad al “quedar con más efectivos para encauzar su acción” contra el resto de “actores que no se quieren someter al imperio de la ley y de la paz».

“Ese esfuerzo de la institucionalidad se orientará con todo el peso de la ley y toda la capacidad, toda la eficiencia y eficacia contra esos otros actores, entre ellos las posibles disidencias de las FARC, pero también orientadas directamente contra el ELN, a ver si se deciden a entrar a un proceso (de paz)”, concluyó.