El gobierno de Colombia y las bandas de la ciudad de Medellín, uno de los centros del crimen del país, iniciarán diálogos la próxima semana con miras a desarmar unos 12.000 hombres, anunció este viernes el consejero presidencial de paz.

«Hoy queremos compartir el compromiso público que han asumido estas estructuras armadas de dar pasos ciertos en la dirección de la ‘paz total'», dijo a medios el comisionado Danilo Rueda en Itagüí, un municipio vecino de Medellín.

Como parte de la labor que le encomendó el presidente izquierdista Gustavo Petro, Rueda visitó la cárcel de Itagüí, donde permanecen recluidos cabecillas de bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, robos, entre otros delitos.

Varias de ellas como la temida Oficina de Envigado son herederas de la violencia que cultivó el capo de la cocaína Pablo Escobar, abatido por la policía en 1993.

Rueda no especificó la fecha exacta del inicio de las negociaciones ni qué grupos se sentarán a la mesa, en la que participarán autoridades locales, nacionales y representantes de la sociedad civil, pero afirmó que será la semana próxima.

El consejero no descartó conversar con los jefes de los grupos presos fuera de Colombia.

Si «hay que conversar en cárceles en el exterior se hará con los trámites propios diplomáticos y los países a los que corresponda acudir», añadió.

‘Don Berna’, un antiguo enemigo de Escobar y fundador de la Oficina de Envigado, fue extraditado a Estados Unidos en 2008.

En una carta los líderes de las estructuras armadas de Medellín y la región del Valle de Aburrá manifestaron este viernes su apoyo al gobierno en su «propósito» de «construir paz total», el nombre que le dio Petro a su política para desactivar medio siglo de conflicto interno. El mandatario ofrece a los narcos someterse a la justicia a cambio de beneficios penales.

Es «un anhelo que requiere el concurso de todos los colombianos», agrega el texto.

Como gesto de paz los cabecillas presos declararon «la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputa».

El presidente Petro lleva en simultáneo negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 16 de mayo empezará a hacerlo con los disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Su ambiciosa propuesta ha enfrentado contratiempos. En marzo el gobierno suspendió la tregua que mantenía con el Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico del país, por ataques a la fuerza pública y la población.