El Gobierno de Chile tildó este jueves de “irresponsable” el duro informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones “generalizadas” a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive el país desde hace más de un mes.

“El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, dijo en una comparecencia pública la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren.

“La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”, agregó la funcionaria.

La organización, con sede en Reino Unido, acusó este jueves tanto al Ejército como a los Carabineros (Policía chilena) de cometer “ataques generalizados” y hacer un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza contra los manifestantes para “desincentivar” la protesta.

En un documento con las principales conclusiones luego de una misión de tres semanas en el país, AI aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado “no son hechos aislados o esporádicos”, sino que responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación” que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel».

“El informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos”, apuntó Recabarren.

La subcretaria aseguró que el Gobierno “ha prestado permanentemente, y desde un inicio, toda su colaboración” a las organizaciones locales y que el presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) a observar in situ la situación.

El propio Piñera reconoció por primera vez el domingo que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en algunos casos puntuales y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables.

La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando se detonó la crisis tras el aumento en la tarifa del metro. “No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal”, aseveró a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

La Policía anunció el martes la suspensión temporal del uso de perdigones o balines para controlar las manifestaciones tras tener dudas sobre la composición real de las municiones y luego de que la Universidad de Chile asegurase que los proyectiles no son solo de goma sino que también contienen plomo, lo que explicaría el alto número de heridos.

El Ejército, que estuvo en las calles durante los primeros ocho días de la crisis cuando se decretó el estado de emergencia y el toque de queda, se unió a las críticas al informe de AI y afirmó en un comunicado que sus actuaciones “se ajustaron plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza». E