EFE 
Daniel Ortega/ Archivo
San José. EFE.
Al menos nueve nicaragüenses, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y una familia con un menor de edad, fueron desterrados de su país en noviembre pasado por el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, denunció ayer la organización Monitoreo Azul y Blanco.
“En total, nueve personas fueron desterradas durante noviembre, consolidando esta práctica como una herramienta del régimen para silenciar y expulsar a opositores y críticos del país”, señaló esa organización que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Para ese organismo, la expulsión de nicaragüenses de su propio país “reflejan un deterioro continuo de los derechos humanos en Nicaragua, con tácticas represivas que afectan a diversos sectores de la sociedad, desde lideres religiosos y comunitarios hasta periodistas y comunidades indígenas».
Entre los desterrados se encuentra el presidente del Episcopado nicaragüense y obispo de la diócesis de Jinotega (norte), Carlos Enrique Herrera, detenido el 13 de noviembre tras denunciar en misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno.
