El Gobierno ha puesto entre sus prioridades facilitar el acceso y uso de las informaciones públicas, para lo cual fue emitido un decreto que establece la primera política nacional de datos abiertos en el país.

Esta disposición oficial fue presentada ayer por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que asegura que la misma tendrá “un efecto transformador en la rendición de cuentas, el debate y la participación ciudadana”.

La institución explicó que mediante el decreto 103-22, esta política fue concebida como “una estrategia que establece los lineamientos para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos de carácter público, con la finalidad de garantizar una cultura de apertura e innovación en beneficio de la ciudadanía”.

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Aseguró que su aplicación “es obligatoria para todos los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo”, ya sean centralizados o descentralizados, quienes están “compelidos” a realizar el levantamiento, estructuración y publicación de la información clasificada como prioritaria, en formato abierto y neutral.

“Estas políticas tendrán un efecto transformador en todos los sectores de la economía, potenciando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el empleo inteligente de los datos del sector público”, expresó la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch.

Planteó que “no hay transparencia si no se colocan los datos en las manos del ciudadano”.

“Los medios los analizan y las instituciones están obligadas a liberarlos. Es todo un ecosistema que se fortalece con la colaboración. No hay transparencia si no se colocan los datos en las manos del ciudadano”, manifestó.

La política de datos abiertos en el país se sustenta en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (No. 200-04) y su reglamento de aplicación aprobado mediante el Decreto 130-05, así como en otras normativas.