El virus covid-19 provocó no solamente un estado de emergencia sanitaria, al poner a prueba al sistema de salud del país y su capacidad de respuesta a la letal enfermedad, sino que también significó la erogación de recursos extraordinarios que alcanzan los RD$200,614 millones, procedentes de fuentes externas e internas, para contrarrestar el impacto de la enfermedad en la población y reducir las secuelas económicas generadas por la caída del empleo y de los principales sectores productivos.

La enfermedad, que apareció en China en 2019 y se propagó por todo el mundo, encontró a la República Dominicana en medio de un proceso electoral que devino en cambio de gobierno, con un sistema de salud caracterizado por una inversión estatal por debajo de las necesidades de la población, y un aparato productivo sustentado principalmente por el turismo, la construcción, el comercio, la minería y las remesas que envían los dominicanos desde el exterior.

Según datos del Ministerio de Hacienda, de esos RD$200,614 millones invertidos desde 2020 hasta ahora, RD$74,605 millones corresponden a crédito externo, de los cuales RD$17,695 millones proceden del Fondo Monetario Internacional (FMI), RD$7,806 millones del Banco Mundial, RD$3,392 millones de saldos de recursos externos disponibles desde períodos anteriores, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) RD$541 millones.

El financiamiento interno se hizo a través del estatal Banco de Reservas, que erogó RD$12,153 millones.
Del Fondo General del Gobierno se dispusieron RD$70,385 millones, de los Fondos con Destino Específico se destinaron RD$12,000 millones procedentes del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).

A través de recaudaciones directas de diversas instituciones se recibieron RD$31.0 millones, también se obtuvieron recursos de parte de otros organismos financiadores internos por un monto de RD$595 millones, y dos donaciones del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco Centroamericano de Integración Económica ascendentes, respectivamente, a RD$22 millones y RD$54 millones.

Programas de ayuda

Esas partidas se distribuyeron entre los programas de asistencia económica, y la contratación de bienes y servicios para el sector salud, de acuerdo con los datos que publica el Ministerio de Hacienda en su sitio electrónico, en el enlace Mapa de Inversiones Covid-19.

En ese sentido, en el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa Ti), se invirtieron RD$7,403 millones, para beneficio de 190,375 personas; para el Fondo de Asistencia al Empleado (FASE) se destinaron RD$50,909 millones distribuidos entre 942,359 personas, y en FASE Turismo la inversión alcanzó los RD$110 millones, para beneficio de 5,834 trabajadores del sector turístico, y para el programa Quédate en Casa se asignaron partidas ascendentes a RD$86,656 millones, recibidas por 1,570,760 ciudadanos.

Asimismo, por concepto de incentivos al personal de salud y de seguridad se distribuyeron RD$8,341 millones entre 177,872 empleados del Gobierno.

Las partidas también incluyen el componente de otros gastos, destinados a distintos ministerios, que ascienden a RD$47,195 millones.

Con relación a la contratación de bienes y servicios se invirtieron RD$8,344 millones, en un total de 784 contratos vigentes.

Dos gobiernos enfrentaron secuelas enfermedad

Cuando aparecieron los primeros casos de covid-19, en marzo de 2020, el país era gobernado por Danilo Medina, en cuya administración se diseñaron los principales programas de ayuda económica, ante la vertiginosa caída del empleo por el colapso de la economía.

En la gestión del presidente Luis Abinader, que inició el 16 de agosto del 2020, se le dio seguimiento a cada uno de los referidos programas, se crearon otros, y se buscaron las fuentes de financiamiento para completar los recursos que se requerían, en medio de un entorno económico difícil, para enfrentar una pandemia que puso al mundo patas arriba en términos sanitarios y económicos.

Desafíos sector salud

El debut de Luis Abinader al frente del Poder Ejecutivo tuvo como telón de fondo el letal virus covid-19, una enfermedad que al 15 de agosto de 2020 ya había contagiado a 21,026,758 personas en todo el mundo, y causado la muerte a 755,786.

Para esa fecha en el país se registraron 86,309 contagios y 1,453 defunciones.

El desafío en ese momento era detener el impacto de la enfermedad, manteniendo los controles a través del confinamiento, dotando a los centros hospitalarios de los medicamentos necesarios para contrarrestar sus efectos, bajar la letalidad, habilitar más camas para atender los casos que ameritaban internamiento, aumentar la disponibilidad de pruebas PCR para detectar a tiempo la enfermedad, y gestionar la compra de vacunas.

Para configurar esas estrategias se creó el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, desde cuya plataforma se diseñó el Plan Nacional de Detección, Aislamiento y Rastreo a Gran Escala, para disminuir las posibilidades de contagio.

Desde esa plataforma también se gestionó la compra de vacunas, un componente importante en la reducción de los riesgos provocados por la enfermedad, pero que en ese momento estaba empañado por una inequitativa distribución de los laboratorios internacionales, que beneficiaban a los países con mayores recursos: Estados Unidos y naciones europeas.

A no ser por la efectividad de la diplomacia china, que bajo el tamiz de la solidaridad permitió el acceso a las vacunas Sinovac, al Gobierno dominicano le habría sido imposible iniciar el proceso de inoculación, pese a que había gestionado la compra de 20 millones de dosis.

De esas, 10 millones al laboratorio AstraZeneca, 8 millones a Pfizer, y otros 2 millones a través del sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 15 de febrero de 2021 el Gobierno inició el Plan Nacional de Vacunación, mediante el cual se proyectaba inmunizar a 7.8 millones de ciudadanos mayores de 18 años, para lo cual se requerían 15.6 millones de dosis.

Hasta el 16 de febrero de 2022 se han aplicado 15,135,472 dosis de vacunas; 5,846,951 personas han recibido las dos dosis, con lo que completaron el esquema de vacunación, y 7,056,133 solo se aplicaron la primera dosis.

Ante el aumento de los contagios, por la aparición de las variantes delta y ómicron, las autoridades sanitarias dispusieron la aplicación una tercera dosis, y en ese sentido 2,182,393 ciudadanos ya tiene ese refuerzo.

Las autoridades, en coordinación con las sociedades médicas, dispusieron que la población de 5 a 11 años también sea vacunada, contando con el consentimiento de los padres. Ese proceso de inmunización comenzó el 14 de febrero de este año.

Otro desafío del Gobierno fue aumentar el acceso a las pruebas PCR, lo cual generó suntuosas deudas con las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).

En ese sentido, con ese sector se acumuló una deuda, hasta abril de 2021, ascendente a RD$4,841 millones por concepto de servicios de salud vinculados a la covid-19, y de esos RD$3,801 millones correspondían a deudas por pruebas PCR, por lo cual fueron limitadas a una por año, por paciente.

Impacto en educación

La secuela de la covid-19 no se detuvo en las esferas del sector educativo. El distanciamiento social dispuesto para ponerle freno al contagio se extendió hacia las escuelas, por lo que las autoridades diseñaron un plan de docencia no presencial a través de la Internet, la radio y la televisión.

El cierre de las aulas, tanto para universitarios como para preuniversitarios, se produjo en el segundo semestre del año escolar 2019-2020, y prácticamente en la totalidad del año escolar 2020-2021, que se llevó a cabo a través del plan “Educación para todos preservando la salud”.

Los contenidos se grabaron en un aula situacional, con maestros de cada nivel.

Aunque en el año escolar 2021-2022 se produjo el retorno a las aulas, en enero de este año algunas escuelas y colegios volvieron a la semipresencialidad producto del incremento de los contagios.

Si bien el Gobierno no ha escatimado esfuerzos para reducir el impacto de la covid-19 al sistema educativo, en el contexto de la calidad se estima que esos dos años de pandemia se reflejarán negativamente en el sector, quizás con el incremento de los rezagos ya existentes.

El impacto de la pandemia también recayó sobre la educación universitaria, no solamente porque tuvo que optar por la semipresencialidad, sino también porque miles de estudiantes se vieron obligados a abandonar sus carreras por razones económicas.

Según datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de 600,000 estudiantes inscritos en universidades dominicanas, 120,000 abandonaron los estudios por la referida causa.

Economía Vs flexibilidad

La paralización de la actividad económica tuvo repercusiones extremas en las finanzas públicas. En ese contexto el Gobierno apostó a una reapertura gradual de los sectores productivos, que muchas veces contradecía las recomendaciones epidemiológicas que apuntaban hacia el mantenimiento del distanciamiento social como muro de contención para la enfermedad.

A pesar del incremento de los contagios, del aumento de pacientes en estado de gravedad ingresados en cuidados intensivos, y del relajamiento de las restricciones de parte de segmentos de la población que se resistían al encierro temporal, el Gobierno asumió los riesgos y fue propiciando la apertura de sectores importantes, principalmente el turismo.

La estrategia con ese sector permitió que, en 2021, ingresaran 4,995,412 de turistas, contrario a 2020 que cerró con 2,405,315.