El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó su rechazo al anuncio del Gobierno dominicano de que hará un desembolso adicional a la empresa Odebrecht, sobre todo en medio de una emergencia nacional que demanda que todos los recursos disponibles sean empleados en la salud pública, la protección social y la prevención del avance del Coronavirus.

Según datos analizados por Participación Ciudadana, provenientes de varias fuentes gubernamentales, el valor desembolsado hasta el momento a favor de Odebrecht, para la construcción de la Central Punta Catalina, es el siguiente:

El Consejo Nacional del movimiento cívico indicó que este monto solo incluye lo reportado hasta ahora por las fuentes oficiales, reconociendo que este monto ha sido cuestionado por varios especialistas que coinciden en elevarlo a cerca de 3,300 millones de dólares. Espera que algún día se sepa el verdadero costo de esta obra.

Por otro lado, Participación Ciudadana señaló que el Gobierno dominicano no ha cobrado a Odebrecht la póliza de garantía de fiel cumplimiento, ascendente a US$77,8 millones, a pesar de los más de dos años de retraso de la obra. “En el Acuerdo Marco, una nueva penalidad de un máximo de US$16.8 millones por incumplimiento de plazo, tampoco ha sido descontada a la empresa, para un total dejado de cobrar de US$94.6 millones”, enfatizó.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, afirmó que el Gobierno dominicano, desde el 2014 ha estado favoreciendo al consorcio Odebrecht-Intermont-Estrella en perjuicio de las finanzas públicas, entre ellas las siguientes:

Ha entregado cientos de millones de dólares adicionales a lo legalmente establecido.
No aplicó las cláusulas que a su favor establece el contrato, habiendo podido recuperar casi 100 millones de dólares.
No ha cobrado más de 40 millones de dólares que Odebrecht ha dejado de entregar a la Procuraduría General de la República, según el acuerdo de 2017 como penalización por los sobornos realizados a funcionarios del Estado, acuerdo que asciende a 184 millones de dólares.
No ha llevado a cabo una investigación seria y completa sobre los sobornos confesados por esa empresa, ni sobre las sobrevaluaciones de obras y financiamiento de campañas.
Participación Ciudadana expresó su rechazo a las negociaciones para vender a Punta Catalina, a un precio totalmente subvaluado y aprovechando el periodo de cambio de transición post-electoral.

La organización de la sociedad civil precisó que, desde 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas, ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) había gastado un total de 224.0 millones de dólares en “actividades relacionadas con el proyecto”, que no descontó del precio final del mismo. Entre esos gastos están las asesorías ambiental, financiera y legal, unos 29 millones de dólares pagados en supervisión de la obra, impuestos municipales, etc., los cuales no están siendo tomados en cuenta por al gobierno para calcular el costo final de Punta Catalina. Tampoco se conoce los gastos del proyecto incurridos desde enero 2018 a la fecha.

“De acuerdo al contrato No. 101/14, punto 7.2, el consorcio Odebrecht-Intermont-Estrella debió entregar la planta número uno el 7 de agosto de 2017 y la número dos el 7 de octubre de 2017; al no cumplir con esta entrega el Gobierno debió ejecutar la póliza de garantía de fiel cumplimiento (punto 7.2.1), ascendente a US$77.8 millones, lo que no hizo”, manifestó el Consejo Nacional de PC.

La organización enunció también que, si bien es cierto que Odebrecht reclamó en julio de ese año pagos adicionales por 708 millones de dólares, amén de que no lo hizo según el procedimiento establecido en el contrato, esa reclamación no detenía la ejecución de la póliza de 77.8 millones de dólares.

“Lo más perjudicial aun para las finanzas nacionales fue el llamado ‘Acuerdo Marco’, firmado con Odebrecht-Intermont-Estrella el 18 de junio de 2018, mediante el cual se le entregó al consorcio la suma de US$336 millones de dólares adicionales a los US$1,945 millones del contrato aprobado por el Congreso, mientras seguía pendiente la reclamación de Odebrecht por 708 millones de dólares. Ese ‘Acuerdo Marco’ constituyó una violación a la Constitución y las leyes, pues sobrepasó lo aprobado por el Congreso Nacional, por lo cual debió ser sometido a éste, pero no se hizo”, determinó el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Recordó que el referido “Acuerdo Marco” estableció nuevas fechas para la entrega de las dos plantas de Punta Catalina. La planta uno para el 8 de mayo de 2019 y la planta dos para el 9 de agosto de 2019, acordándose que cualquier retraso se penalizaría con el pago por parte de Odebrecht-Intermont-Estrella de la suma de US$220,000.00 diarios, hasta un máximo de US$16.8 millones, tope que favoreció de nuevo a Odebrecht. El nuevo tiempo de entrega se venció con creces, por lo que correspondía al Estado cobrarse esa suma de US$16.8 millones, pero no se hizo.

El 2 de septiembre de 2019 Participación Ciudadana hizo a la CDEEE un requerimiento de información sobre el “Acuerdo Marco” y su Fondo Contingente de 336 millones de dólares, que el señor Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo, contestó el 8 de octubre de la siguiente manera: “En la Sección 6.3 del ‘Acuerdo Marco’ se indica que ese Fondo Contingente no altera y/o modifica de manera alguna, el Precio Definitivo-Contrato de EPC (US$1945 millones) y nada de lo establecido en el ‘Acuerdo Marco’ y documentación relacionada podrá interpretarse en sentido contrario” (punto 8.h, página 5). “Sin embargo, como lo dijimos y se ha demostrado, el ‘Acuerdo Marco’ fue una preparación del nuevo acuerdo anunciado en estos días que es perjudicial para el país”, sostuvo el Consejo Nacional de PC.

Explicó que. en el último acuerdo, el Gobierno ha aceptado un pago adicional a Odebrecht-Intermont-Estrella por la suma de 395.5 millones de dólares, que descontando los US$336.0 millones entregados en 2018 según el “Acuerdo Marco”, significa un nuevo pago de US$59.5 millones de dólares. Al no ser sometido al Congreso, este acuerdo viola nuevamente el contrato No. 101/14 y la Resolución No. 219/14 del Congreso de la República. Pero, además, no tiene justificación ni técnica ni financiera.

“Queda establecido que un contrato por US$1,945.0 millones se ha aumentado a US$2,564.0 millones en favor de Odebrecht-Intermont-Estrella, mientras el Estado dominicano dejó de cobrarse la suma de US$94.6 millones, ante la tardanza de la entrega de la obra (US$77.8 millones de la póliza de fiel cumplimiento y US$16.8 millones del incumplimiento del “Acuerdo Marco”). Esa tardanza ha ocasionado enormes pérdidas a la sociedad dominicana que sigue pagando una energía cara y deficiente”, concretó.

Participación Ciudadana llama la atención, ante las maniobras del Gobierno, la CDEEE y sus asesores de subvaluar el costo real de las dos plantas de Punta Catalina, con fines de futuros negocios. “Ese costo no es el del contrato inicial de 1,945.0 millones de dólares, ni lo reportado hasta ahora, US$2,564.0 millones, sino todo lo gastado hasta la fecha, parte de lo cual no está incluido en esta cifra. Por igual, hay que tomar en cuenta la revalorización de ese patrimonio, luego de 6 años de iniciado, así como el sólido valor de mercado de ese proyecto por la rápida recuperación de la inversión que tiene, al poder vender toda la energía que produzca a un precio rentable”.