Juan María Ramírez 
Diecinueve organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana condenaron en una declaración conjunta la campaña de deportaciones masivas que lleva a cabo el gobierno así como el decreto 668-22 que “habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas”.
“Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno”, alertaron las organizaciones.
Consideran que además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937.
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Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.
Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas”, denuncian.
Recordaron que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de 200 mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13. Miles de pasaron sus vida trabajando en RD no cuentan con residencia.
