Grupos esperan respuesta Gobierno a problemas sociales

Grupos esperan respuesta Gobierno a problemas sociales

El pais.Coordinadora Pupular Nacional, protestan Frenta al Palacio Nacional, en defensa del Rio Ozama, frente a los aprestos de la Barrick Gold, para expación Minera y la presa de Cola en Monte Plata ya que afecta de manera directa la provincia.Hoy/Pablo Matos 13-8-2021

Gestión Exigen medidas tras un año

Colectivo Coordinadora Popular Nacional exige aumento presupuesto de salud, detener obras “contaminantes” y terminar la impunidad


La entrada occidental del Palacio Nacional fue escenario ayer de una manifestación del grupo de entidades denominado Coordinadora Popular Nacional, que presentó una lista de cuestiones sociales, de salud, medioambientales y de transparencia que el Gobierno debe atender a propósito de cumplirse su primer año de gestión.

Uno de los puntos donde los manifestantes hicieron más énfasis es el reclamo de que se proteja el río Ozama frente a los “aprestos” de la Barrick Gold de construir una presa de cola en Monte Plata y expandir su actividad minera, lo que, según el colectivo, afectaría de manera directa a la población de esa provincia y del Gran Santo Domingo. Para ejercer aún más presión sobre este conflicto, la agrupación anunció una marcha al Palacio para el próximo 17 de septiembre.

De manera similar, los protestantes pidieron a las autoridades “escuchar a las comunidades y detener los proyectos contaminantes, destructores del medio ambiente, las fuentes de agua y que afectan la salud y los sectores productivos en Cuance, Monte Plata; Las Filipinas, Barahona; Romero, San Juan; Punta Catalina, Peravia; Restauración, Dajabón; Bonao, La Vega, y San Pedro de Macorís”.
También exigieron que se asigne al sector salud un presupuesto equivalente al 5% del producto interno bruto, y que se eliminen las administradoras de riesgos de salud (ARS) y de fondos de pensiones (AFP).
Respecto a la transparencia, el grupo demanda eliminar los privilegios de exenciones fiscales para legisladores y grandes empresas, así como la recuperación del dinero “robado” por actores públicos y privados implicados en los expedientes judiciales que tienen abiertos las autoridades.