Es muy probable que las organizaciones que convocaron a una parada cívica en Capotillo en rechazo de las alzas en los precios de los alimentos, los combustibles y las medicinas no lo anuncien con tanta anticipación la próxima vez para evitar que el Gobierno se les adelante, como acaba de suceder, enviando tropas policiales y militares al sector capitalino desde tempranas horas de la mañana de ayer, tomando el control de todas las vías de acceso a la populosa barriada.

La protesta fue convocada por el llamado Bloque Contra el Engaño y por la Rebaja de los Combustibles, integrado por Foro Social Alternativo, el Falpo, la CNTU, Fenatrano y Fenamoto, cuyos voceros, entre los que se encuentran Juan Hubieres, Milcíades Geraldo, Oscar Almánzar y Víctor Gerónimo, exigen al Gobierno la modificación de la Ley 112-00 de Hidrocarburos y un aumento general de salarios para todo aquel ciudadano o ciudadana que gane menos de 50 mil pesos mensuales.

Rectificaciones

Dirigentes comunitarios de Capotillo que, por razones obvias, rehusaron identificarse, calificaron de irracional la decisión del Gobierno de ocupar militarmente el barrio para enfrentar una protesta pacífica; pero eso ni ellos mismos se lo creen, y mucho menos los organismos de inteligencia del Estado que le dan seguimiento a sus actividades.

Y si recuerdan que hace unos días el ministro de Interior y Policía denunció, aunque sin aportar pruebas ni identificar a ningún sector político en particular, que las protestas están siendo financiadas “por importantes figuras de la oposición” que no persiguen reivindicaciones sociales sino alterar la paz pública, entenderán mejor el porqué de esa “irracionalidad”.

Con la que el Gobierno quiso enviar un mensaje contundente, dejando claro que está dispuesto a defenderse, que tiene conqué hacerlo, y que no vacilará cuando sea necesario responder a las amenazas a la gobernabilidad.

Y no tengo dudas de que el mensaje llegó, alto y fuerte, a sus destinatarios.