Con retos para la institucionalidad democrática por importantes vacíos de regulaciones que garanticen equidad de participación y transparencia en el uso de recursos y métodos al terciar en ellas, las elecciones para niveles municipales, legislativos y presidenciales se aproximan con una primera escala el 18 de febrero. Para todo el proceso comicial se proyectan las sombras del clientelismo que se acentúa cuando la reelección está lanzada a dominar escenarios y la del poder seductor de masas del populismo, prometedor y engañoso. El canto de sirena favorito, y casi único, de los aspirantes de oposición.

Mantenidos prolongadamente fuera de debate, los planes de gobierno ofertados a última hora al electorado por rivales al oficialismo no superan en cuantía y peso para conquistar voluntades al abundante empleo de descalificaciones con pobreza de elementos de juicio que la sabiduría zorruna compensa con hipérboles para exagerar o disminuir verdades. No extraña: en América Latina suelen encontrar espacio las estrategias políticas que apelan a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular.

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Aunque existe por ley un financiamiento por parte del Estado a las campañas electorales de los partidos políticos con personería jurídica a ser distribuido por la Junta Central Electoral, la ley 274-97 que lo establece no incluye disposiciones que regulen el uso que deba darse a los fondos. Las directivas partidarias disponen discrecionalmente qué hacer con ellos.

Se entiende que una ley electoral debería asegurar el control y la claridad en el uso de los recursos en metálico tanto públicos como privados e incluir restricciones que ponga fin en el país a la libertad de gastos por los partidos políticos para mantenerse en campaña «todo el año» y no estrictamente en lapsos de proselitismo.

La sociedad ha aspirado a que el apoyo económico a los políticos sea orientado a incentivar candidaturas femeninas y a la formación política de sus militantes para acrecentar las representaciones legítimas de las comunidades. Urge además establecer límites al patrocinio económico de campañas tanto para los partidos como para los candidatos. Y sobre todo, la ley debería establecer de manera explícita (cosa que no ocurre) las sanciones que se derivarían de violar las normas electorales.

LAS DEBILIDADES

Desde la crítica social activa se reconoce que existen pluralidad y estabilidad políticas aunque perduran los riesgos de distorsiones por ausencia de mecanismos que obliguen a la rendición de cuentas. Se ha indicado que el elevado costo de las promociones de candidaturas genera una desigualdad de competencia que presiona hacia la búsqueda de vínculos con el narcotráfico.

Al analizar la cultura política dominicana las investigadoras sociales Katherine Fernández y Alexandra Viloria atribuyeron arraigo a los comportamientos personalistas y caudillistas de dirigencias: «Desde el Gobierno, los partidos han fortalecido los vínculos paternalistas y clientelares con la sociedad haciendo uso del erario en beneficio de intereses particulares con las consecuencias que esto conlleva para la eficiencia y efectividad del sistema político».

Tras estudiar la realidad dominicana el órgano de observación política «Centro Carter» denunció la «ausencia de control por parte de la Junta Central Electoral a las aportaciones privadas a los partidos políticos, que a su juicio se hizo evidente con el fraude a los ahorrantes y al Estado cometido en el Banco Intercontinental, Baninter en 2003, y recordó que:

«Con el informe presentado por el gobernador del Banco Central de entonces era innegable la complicidad de dirigentes de los principales partidos políticos puesto que se encontraban en la lista personas e instituciones que se beneficiaron ampliamente de los fondos sustraídos».

La organización de apoyo a la democracia en América Latina no creía en ese momento que en el país existiera una real prohibición del uso de recursos ilícitos en actividades políticas, «vistos los escándalos salidos a la luz por el uso de dinero procedente del narcotráfico».

El informe que entonces divulgó al mundo se hizo eco de » un caso sonado que tiene que ver con las revelaciones del narcotraficante Ernesto Paulino Castillo, extraditado a los Estados Unidos en el 2004, y que gracia a un acuerdo con las autoridades de dicho país solo permaneció ocho años en prisión».

Recordó que a su regreso a República Dominicana Quirino declaró que había aportado 200 millones de pesos al expresidente Leonel Fernández para la campaña del año 2004 en la cual salió electo». Cerró su referencia al caso subrayando que «a pesar de la gravedad de la acusación, ni la Junta Central Electoral (de entonces) se pronunció, ni el Ministerio Público inició una investigación ni el expresidente lo desmintió».

PRESIDENCIALISMO

El uso de los recursos de poder en las contiendas partidarias sigue siendo una preocupación en el país que anteriormente generó una recomendación de observadores electorales de establecer un límite global para cada candidato o partido y «considerar como posible la prohibición o aplicar severa restricción a los avisos pagados (spots) en medios electrónicos masivos o al menos en la televisión».

La intensidad publicitaria por todos los medios a que en este momento recurre el oficialismo (sobrepasando la capacidad de la oposición) debería ser impedida. La propaganda masiva y enmascarada para dar lustre a la actual administración del Estado resulta una gigantesca inversión desde los caudales estatales a favor de la reelección aunque no llame directamente a votar por los candidatos del PRM.

Se ha recomendado además, en procura de romper el desequilibrio en las capacidades de promoción de los distintos partidos que “sea prohibida la inauguración de obras públicas durante las campañas electorales», un recurso de aplicación arrolladora actualmente. La investidura presidencial y su dominio sobre gastos e inversiones del Estado están intensamente dirigidas a convertir a la figura y conceptos del presidente reeleccionista en los más presentes en el imaginario criollo. Y lo logran.

Se delata una elevada disponibilidad de formas y medios para la autopromoción que podría ser atribuida a la ausencia de regulaciones de mayor rigurosidad al uso a plenitud o parcialmente de recursos públicos en la financiación de partidos y campañas (en forma abierta o simulada) incluyendo el que se prodiga desde el Palacio Nacional.

Un caso concreto a ser analizado por la Junta Central Electoral por características que llaman la atención salió a la luz en el programa televisivo del canal 32 que conduce la periodista Odalis Castillo indicando que en el presupuesto se destinan 72 millones de pesos mensuales a asesores con hallazgo de que algunas entidades gubernamentales cuentan con más de 40 asesores que perciben RD$200 mil pesos mensuales o más.

Divulgó haber revisado nóminas de instituciones identificando 558 asesores, un gasto de 864 millones de pesos al año.

Según su relato, la Cancillería cuenta con 43 asesores y el Ministerio de Cultura con 19 con una sorprende creación a costa del presupuesto de «asistentes de asesores». Descubrió que el Fisco sustenta cargos a borbotones bajo raras denominaciones. Investigó interioridades del Ministerio de la Juventud detectando un uso mensual de 540 mil pesos para retribuir funciones descritas como superfluas. El súper endeudamiento actual parece guardar relación con un súpercrecimiento de la súperburocracia. Las cosas de tamaños razonables ya no sirven de nada.

REDES Y RIESGOS

En el umbral de elecciones, la falta de regulaciones sobre competencias genera un peligro inusitado porque redes sociales como Facebook y Whatsapp se convirtieron en principales canales de participación política en América Latina. Nuevas herramientas pueden caer en manos de grupos con identidades ocultas para difundir desinformación buscando manipular a la opinión pública.

La organización no gubernamental Freedom House reveló en año reciente que en 2019, de treinta países que celebraron elecciones y referendos el año anterior, veintiséis sufrieron interferencias electorales digitales. «Se producen noticias falsas, publicaciones virales, lenguaje provocativo e insultantes que se han convertido en sinónimos del uso de las redes en las elecciones» indicó una evaluaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.

«Sin restricciones de identificación ni contenido, son amplificadas por la televisión y otros medios regulados las versiones constituidas en tendencia negativa de divulgaciones políticas». Una encuesta de Pew en once países incluyendo tres de América Latina «reveló que las grandes mayorías creen que las redes sociales las hacen más informadas, pero también más susceptibles a ser manipuladas». De hecho, en el triunfo electoral de Donald Trump en el 2016, poderosas injerencias digitales fueron determinantes desde el anonimato para que venciera a Hillary Clinton.