Hacia el saneamiento judicial, madre de todos los cambios

Hacia el saneamiento judicial, madre de todos los cambios

La gente baila, la música que tocan    

Refrán popular

El primer día de su gestión gubernamental el presidente Luis Abinader trazó como norte rescatar la institucionalidad democrática, tirada al zafacón de la historia por las 5 administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, y la hoy “Fuerza del Pueblo”.

Para afianzar la seguridad ciudadana y fortalecer la persecución efectiva del delito, primer problema erosionante de la institucionalidad nacional encontrado a su llegada al poder, Abinader empezó por despolitizar el sistema judicial ya que para ponerlo al servicio de sus intereses personales y políticos tanto Fernández como Medina habían puesto ese poder del estado en manos de sus dirigentes y asociados políticos.

En esta semana se ha producido el fallo del máximo tribunal nacional de justicia declarando inconstitucional la ya famosa ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, iniciativa del Poder Ejecutivo.

Que el Tribunal Constitucional no aprobara esa ley, sin importarle su procedencia gubernamental, evidencia que con la llegada al poder de Abinader se ha producido el cambio más cambio de todos los cambios comprometidos por Luis y el PRM y aliados en la historia del sistema judicial del país.

Para contrastar el proceder independiente con que ha actuado ahora el Tribunal Constitucional lo comparo con tres escandalosos casos en que una dirección politizada del Poder Judicial actuó en favor de los intereses de Fernández y Medina, entonces jefes del Ejecutivo.

El primer caso es el del rechazo de dos recursos de inconstitucionalidad contra un préstamo contraído por el gobierno del presidente Fernández en violación a la disposición constitucional que establece debió ser aprobado por el Congreso Nacional.

Actuando como tribunal constitucional la Suprema Corte de Justicia complació al gobierno de Fernández desestimando las solicitudes de cumplimiento de la Carta Magna.

Con posterioridad a su fallo, varios de los magistrados reconocieron que había sido una sentencia política, no legal, a todas luces presionado por el gobierno para que no se descubrieran y condenaran a nivel penal y social los beneficios que reportaba a algunos de sus jefes.

Un segundo caso es la desestimación de un proceso contra Félix Bautista, muy cercano colaborador del presidente Fernández, de hecho absuelto por los entonces procuradores generales de la República Radhamés Jiménez Peña y Francisco Domínguez Brito y por Hotoniel Bonilla, director de Persecución a la Corrupción Administrativa.

Terminaron archivando ese expediente pese a que el primero sustentó su acusación contra Bautista en “enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada, así como prevaricación, y violación de la Constitución de la República y de varias Convenciones internacionales contra la corrupción”.

Un tercer caso es la admisión de la empresa brasileña Odebrecht de que había contratado obras públicas en los gobiernos del PLD mediante el soborno de 91 millones de dólares, sobornos incluidos en la fase original del expediente del Procurador General Jean Alain Rodríguez, y posteriormente excluidos.

Todos conocemos la historia del caso Odebrecht usado como instrumento político contra la oposición y de encubrimiento de acciones dolosas de los jefes leonelistas y danilistas.

Un repaso de los grandes casos de corrupción de los gobiernos del PLD y la ahora “Fuerza del Pueblo”, que aparecen en los motores de búsqueda de Google harían caer para atrás al más corajudo de los machos.

Y toda esa corrupción fue articulada y ejecutada mediante la politización de los tribunales, y matizada y asordinada por una buena parte de la prensa.

De ahí el cambio tan cambio que es la independencia mostrada en estos días por el Tribunal Constitucional, y en otros casos que vamos conociendo, todo gracias a que tenemos en Luis Abinader a un presidente que respeta la independencia de los poderes del estado, como mandan la democracia y la decencia.  

En la justicia están los mismos dominicanos de siempre,  pero ocurre que la gente baila la música que tocan y evidentemente no es ni parecida la partitura que tocaron Leonel y Danilo a la que ejecuta Luis.

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