Por Pedro Morazán

La migración irregular y las remesas

Las remesas se han convertido en un factor importante para las economías centroamericanas. Más del 70% de las remesas que llegan a esta región provienen de los Estados Unidos. En el caso de Honduras esta cifra alcanza incluso el 90%. El aumento del empleo en los sectores estadounidenses en los que trabajan los migrantes, como los servicios de alimentos y bebidas, los servicios de salud y la construcción, contribuyó al crecimiento de las remesas a América Latina. Según el informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población nacida en el extranjero procedente de América Latina era de 23,2 millones, es decir la mitad de los 46,2 millones de personas nacidas en el extranjero que vivían en Estados Unidos en 2022. De ellos, solo México y América Central representaban 14,6 millones.

El consumo de las familias receptoras, estimulado por los flujos de remesas, se concentra en la satisfacción de necesidades básicas, salud y educación. Dicho consumo puede extenderse, sin embargo, hasta las llamadas compras suntuarias, siendo los principales ejemplos la adquisición de electrodomésticos de lujo, teléfonos móviles y ropa de alta gama. Más allá del consumo suntuario en algunos casos se ha fortalecido la economía local mediante el aumento de las inversiones en pequeños negocios, agricultura y tierras o granjas.

Los enormes flujos de divisas son una gran oportunidad de negocios para la banca comercial y contribuyen a mantener un nivel estable de reservas internacionales para el Banco Central en los países receptores. Según una encuesta encargada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los receptores de remesas están interesados en acceder cada vez más a más servicios financieros. Sin embargo, la mayoría de los migrantes no tienen un visado de entrada válido en Estados Unidos, ni un número de seguridad social y, a menudo, han perdido su documento de identificación en el tránsito, o son demasiado jóvenes para tener una identificación cuando abandonan el país.

Las remesas y su funcionamiento

Los mecanismos que usan los migrantes para enviar dinero a sus familiares dependen de su estatus legal. Aquellos que cuentan con una situación legal formalizada, transfieren sus remesas por lo general a través de giros bancarios. Muchos de los que residen en Estados Unidos reciben sus salarios predominantemente en efectivo o en forma de cheques. Esto es así, debido a la naturaleza de los trabajos que realizan estos migrantes, que a menudo tienen bajos salarios. Una gran proporción de migrantes centroamericanos tienen un estatus de indocumentados (que les impide recibir salarios mediante depósito directo). Por otra parte, los bajos niveles de educación y de inclusión financiera dificultan el envío de remesas a través del sistema bancario.

Según se informa, alrededor del 92% de las remesas en el corredor Estados Unidos-Centroamérica se transfieren a través de proveedores de servicios de remesas formales. Los migrantes centroamericanos, en gran proporción indocumentados, se sienten atraídos por los requisitos laxos de los operadores de transferencia de dinero (OTD), como Western Union o MoneyGram para las transferencias de dinero inferiores a 3 000 dólares y no necesitan proporcionar ningún tipo de identificación, a menos que las circunstancias se consideren sospechosas.

De acuerdo al Banco Mundial, los bancos tradicionales representan el medio más costoso para enviar remesas con una comisión cercana al 11.8%. Por un lado, los OTD mantienen comisiones del 5.4% en promedio, mientras que los de telefonía móvil, un 4.5%. Los operadores de remesas desde Estados Unidos se encuentran entre los menos costosos para la región latinoamericana. Según la base de datos Remittance Prices Worldwide, los costos de envío de remesas a Honduras eran del 3.7 % en el cuarto trimestre de 2023. Este predominio de las empresas de remesas sobre los bancos se debe, en gran parte, a la disminución de los márgenes de beneficio de las remesas, que han hecho que muchos bancos pierdan interés en el mercado. La tendencia que se observa a nivel mundial es una mayor penetración de las llamadas “Fintech” en el mercado de remesas.

Como es de suponer, las aplicaciones de Fintech (“tecnología financiera digital”) están penetrando aceleradamente el mercado de las remesas. Esto es así porque, además de una mayor reducción de costos y agilización de las transacciones, las fintech pueden promover la inclusión financiera, para personas que carecen de una cuenta bancaria. El uso predominante de los canales formales de envío de remesas crea un entorno propicio para la inclusión financiera, que aún no está siendo bien aprovechado. Separadas de las sucursales bancarias y las redes de agentes, las remesas digitales pueden llegar a hogares remotos y de bajos ingresos.

Las remesas digitales están ganando popularidad, en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías ha quedado rezagada con respecto a las transacciones más “tradicionales” basadas en efectivo por una amplia gama de razones, incluidos los bajos niveles de inclusión financiera y alfabetización digital, y las regulaciones que han creado importantes barreras de entrada para las empresas de tecnología financiera.

El mercado de las instituciones de microfinanzas es aún pequeño y está encontrando su nicho. A pesar de la creciente red, la disponibilidad de servicios de remesas en las zonas rurales es limitada. Las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso a las remesas en las zonas rurales de Honduras, pero muestran muy poca flexibilidad. En 2006, las cooperativas distribuyeron alrededor del 20% de todas las remesas enviadas a las zonas rurales. Por cuestiones de seguridad, una mayor expansión de la red de agentes de pago de remesas es limitada.

¿Qué hacer?

En vista de la relevancia de las remesas para el buen funcionamiento de la economía en países como los centroamericanos, es de suma importancia promover el marco adecuado que permita una mayor inclusión financiera de los hogares que reciben remesas. Uno de los obstáculos más grandes lo constituyen las regulaciones existentes para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La experiencia ha demostrado que todavía siguen pagando justos por pecadores. Las autoridades deberían adoptar un enfoque equilibrado entre la mitigación de los riesgos de lavado de dinero y la mejora del acceso a los servicios financieros. Es importante regular primero a las empresas de transferencia de dinero para crear igualdad de condiciones.

El marco regulatorio debería ser sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. Debería abordar la transparencia, garantizar la protección del consumidor y exigir que los proveedores de servicios de transferencia de dinero rindan cuentas de sus servicios. Si desde el principio se imponen requisitos demasiado complejos a las empresas recién reguladas, podrían desanimarse a obtener una licencia y operar ilegalmente.

Es necesario armonizar y coordinar mejor las reglamentaciones estatales y las inspecciones de las empresas de servicios monetarios. El reto principal consiste en desarrollar la infraestructura necesaria para un sistema de pagos que conduzca no solamente a una mayor inclusión financiera, sino además a promover inversiones sostenibles tanto en la infraestructura comunitaria como en la inversión privada.

A pesar de los avances, lo que se ha hecho es insuficiente, si se toman en cuenta los potenciales existentes. La motivación de los migrantes para ayudar a sus comunidades, exige más apoyo.

Pedro Morazán es Doctor en Economía e investigador del Instituto SUEDWIND (Alemania). Ex investigador jefe del Departamento de Políticas de Desarrollo del mismo instituto y ex representante de Alemania en la red europea de desarrollo no estatal CONCORD.