Hoy 
La aspiración de Haití, razonable en principio, de captar agua del río Dajabón, no ha sido descartada de plano ni categóricamente por el Gobierno dominicano y la condición para negociar los términos y límites de acceso del vecino país al recurso hídrico estaría creada tan pronto se paralizara la construcción del empalme al caudal. Obra que por la envergadura que proyecta es inadmisible y violentadora de normas y compromisos. Haití tiene la llave de la solución a un conflicto descrito al comenzar como provocado por intereses privados al margen de un Estado que lo que más proclama –desde antes de colocarse del lado del escamoteo ilegal de un recurso a ser compartido- es que carece alarmantemente de fuerza para recuperar facultades institucionales sobre su territorio. República Dominicana entiende (desde nuestro independiente punto de vista) que el espacio para la negociación puede ser creado con solo poner en pausa la fuerza de hombres y herramientas destructoras de la corteza terrestre que, en los hechos, convertirían a Haití en dueño absoluto de aguas que aquí nacen y desde aquí van al mar. La situación que tan perjudicialmente tiene el juego trancado deriva de una quiebra del orden y del imperio de la ley al otro lado de la frontera.
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La parte dominicana, que con formalidad exige sus derechos, no debe ser forzada a más concesiones. Faltaría, en escena, el ejercicio de una mediación de alta condición jurídica y calidad moral que despeje camino y facilite la pacificación apoyada en la fuerza.
