LIBERATO PEREZ 
La JCE deberá ser diferenciada y reenfocada a su razón de ser. Como órgano destinado a arbitrar elecciones y dotar de legitimidad a los ciudadanos.
Urge reflotar y redimensionar esa institución, desarrollando una gestión gerencial orientada a restablecer su credibilidad y fortalecer su institucionalidad.
Asumir un papel administrativo sustentado en lo organizacional, en mejorar su imagen institucional, en continuar tecnificándose y desarrollando tareas de su incumbencia.
Continuar ejecutando acciones en defensa de nuestra nacionalidad, labor que debemos valorar como positiva por parte de la anterior gestión.
Demostrar con firmeza que sus decisiones son puramente independientes y democráticas, que responderán solo al interés nacional.
Comenzar a desarrollar un proceso de mejores prácticas como parte del redimensionamiento que hoy necesita esa importante entidad colegiada.
Lograr una JCE que al servicio de los partidos y los ciudadanos, impulsadora de las leyes que necesita el sistema político para su fortalecimiento y adecuación a los nuevos tiempos.
Es función privativa de los miembros transformar y eficientizar los roles de la organización, a fin de responder con éxito en los diferentes escenarios y situaciones que se le presenten.
En esta dimensión sus gestores humanos tendrán que readecuar sus comportamientos gerenciales, administrativos y estratégicos en función de las necesidades de la situación, sin infringir las leyes que la rigen.
De manera, que las nuevas autoridades tendrán el gran reto de reencauzar la institución hacia su credibilidad, a desarrollar una labor profesionalizada, incuestionable, equitativa e imparcial.
También deberán ser tareas de primacías: evaluar, reorganizar, reestructurar a lo interno ciertas unidades operativas que en pasadas elecciones estuvieron cuestionadas.
Tomar las medidas correctivas que sean necesarias, creíbles e inocultables sus planes de trabajo, siempre al escrutinio de la población; además de luchar porque haya integración, trabajo en equipo y decisiones consensuadas. No unipersonales ni impuestas.
La población espera bajo la férula de los nuevos miembros, una JCE que escuche, coherente y que actúe en igualdad para todos los sectores políticos, empresariales, gremiales y profesionales.
Pero, sobre todo, indoblegable a lo incorrecto, al chantaje y que nunca claudique a favores ni a presiones a cambio de emitir un resultado inmerecido, en contra de la voluntad popular.
Hoy los dominicanos estamos ávidos de una JCE que no genere incertidumbres en la población, ni desconfianza al momento de evacuar resultados electorales, ni decisiones, sino una junta que sea ejemplo, ética y respetuosa de los derechos de los electores.
