Como «injusticia flagrante» calificó un hermano Miguel Pimentel Kareh, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el archivo de una querella que interpuso contra el exfuncionario y que fue declarada inadmisible por la Suprema Corte de Justicia.

El empresario Víctor Pimentel Kareh, en convocatoria de prensa, deploró la resolución 001-022-2021-SRES-00186 de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el recién pasado año, que declara “inadmisible” un recurso de casación que incoó contra el “archivo” que la fiscalía del Distrito Nacional, arguyendo que “no constituía un ilícito Penal”, había decretado para no investigar la querella que interpuso contra su hermano.

Aseguró que Miguel lo estafó por más de 30 millones de dólares, al supuestamente ocultarle informaciones privilegiadas que obtuvo a través de su suegro, relativas a un gran negocio que se gestaba en una compañía turística en la cual los tres tenían partes, para escamotearle la suya por un precio vil.

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El querellante, quien se encontraba acompañado de su abogado Tomás Castro, se basa en que “los honorables miembros de esa Sala Penal de la Suprema Corte Frank Soto y Francisco Jerez, al ser sorprendidos en su buena fe, no se percataron que cualquier persona con acceso a internet puede verificar que este es el famoso caso, penalizado y sancionado en todas partes del mundo, conocido como Delito de Abuso de Información Privilegiada, que es precisamente cuando alguien utiliza esa información con argucia dolosa para estafar y engañar, e inclusive, hasta la propia Yeni Berenice Reynoso, en rol de procuradora de Corte en ese entonces, dijo en plena audiencia que no le cabía la menor duda de que Miguel Pimentel Kareh engañó a su hermano”.

Indicó que ahora han tenido que elevar un recurso de revisión constitucional por ante el TC, pues se trata del fundamental derecho a justicia”.

Reveló que “dicha querella fue boicoteada por la Fiscalía en el Gobierno anterior, ya que Miguel Pimentel Kareh, cuya vulgar asociación de malhechores y prevaricación al frente de la OISOE fue el detonante de una indignación social, aún impune, se daba a la tarea, conjuntamente con sus dos abogados imputados también en esta querella, de amedrentar y corromper fiscales y jueces, dada su influencia y poder durante el pasado gobierno”.

Advirtió que “si hemos recurrido a la justicia es porque creemos en ella, pero cuando la gente no cree en la justicia, degenera en venganza privada y violencia social”.