El Ministerio Público comenzó a relatar ayer ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los pormenores de cómo cuatro hermanos del expresidente Danilo Medina (dos de ellos bajo investigación) con la supuesta anuencia de éste, se habrían confabulado para defraudar al Estado dominicano con alrededor de RD$5,000 millones desde múltiples instituciones, en lo que hoy se llama Caso Antipulpo.

Se trata del inicio del juicio de fondo a Alexis, Carmen Magaly Medina Sánchez, quienes supuestamente habrían conformado un entramado de corrupción con otras 25 personas incluidas varios exfuncionarios, y 21 empresas.

Entre esos funcionarios se halla el exdirector de Hacienda Donald Guerrero, por ser también uno de los principales imputados en el caso Calamar, otro entramado de corrupción a través del cual se habría estafado al Estado con RD$19.7 millones.

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Según el relato fáctico del órgano acusador, las evidencias recabadas en el proceso probarían que “funcionarios de diversas e importantes instituciones del Estado que están bajo la dirección directa e indirecta del Poder Ejecutivo, no se sometieron al ordenamiento jurídico y no actuaron en beneficio del interés general, sino de un interés particular doloso”.

Dice el MP que el ilícito crecimiento económico de la organización se demuestra con Alexis, supuesto gerente operativo de la misma, y quien afirma “no era un empresario ni un emprendedor”, y que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado.

“Es evidente que su ascenso económico después de ser un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos, fue posible gracias a que, por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa los principales indicadores de desarrollo de República Dominicana”, alega el MP en la acusación.

Agregó que en la materialización de los actos de corrupción “a través del tráfico de influencia gestado desde las entrañas del poder” tuvieron una participación determinante Aracelis, vicepresidenta del Banco de Reservas, entidad utilizada como financiera particular de más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado; y Carmen Magalys, exvicepresidenta del FONPER, entidad que a su vez era accionista del 50% de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE), presidida por su esposo, Luis de León, investigado también. Lucía, la exdiputada y presidenta de Fumudesju, dijo que se la investiga “por distracciones de fondos disfrazados de donaciones” por un monto de RD$78.1 millones.

Afirma que la principal fuente de corrupción de la organización fueron las licitaciones, supuestamente todas adulteradas.

El expediente acusatorio dice que el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, “y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores…”