LA HABANA (AP) — “Yo no podía votar a favor si no tenía la seguridad de que quedaran explícitamente reconocidos los derechos laborales de las personas con identidad de género diferente”, explicó Mariela Castro para justificar la insólita decisión de que ella haya votado no en el parlamento.

La hija del presidente Raúl Castro y sobrina de Fidel Castro, levantó su mano para rechazar en la Asamblea del Poder Popular, el órgano legislativo, el proyecto de Código de Trabajo, pues sentía que no iba lo suficientemente lejos como para evitar la discriminación de las personas con identidades de género no convencionales o a los enfermos con VIH.

En la entrevista al bloguero Rodríguez, un reconocido activista del movimiento gay cubano dijo que “Realmente hubiera querido votar a favor, porque creo que la ley es avanzada y refleja elementos muy importantes que recogen el sentir de nuestra población”, agregó la legisladora.

La votación se produjo en diciembre pasado a puertas cerradas y recién en julio un grupo activistas por la diversidad sexual comenzó a desarrollar paulatinamente una campaña que sacó finalmente a la luz en los últimos días la actitud de Castro. Ninguna persona consultada por la AP recuerda que un legislador del foro, cuyo pleno de 612 diputados se reúne dos veces al año para aprobar las leyes elaborados por un puñado de funcionarios y que luego son discutidas en los miles de centros de trabajo, de estudio o vecinales, hubiera rechazado de plano una norma, las cuales suelen ser votadas por unanimidad.

“Es la primera vez, sin duda”, dijo a la AP el ex diplomático y académico cubano Carlos Alzugaray, quien recordó por ejemplo una ley de seguridad social que, pese a ser muy cuestionada en los debates en la población, pues aumentaba la edad jubilatoria, no obtuvo ningún voto en contra en la Asamblea.

Según Arturo López-Levy, analista y economista isleño que se desempeña como investigador en la Universidad de Denver, el sufragio de Castro, una reconocida sexóloga y ella misma activista por los derechos gay, en contra de una ley presentada en la Asamblea –debatida durante meses en las bases– es “muy, muy inusual” y podría ser un anticipo de una mayor dinámica legislativa incluso en el estudio de iniciativas relacionadas con una política de reformas económicas impulsadas por Raúl Castro.

“Creo que se trata de un acto auténtico de la sociedad civil cubana”, dijo López-Levy.

Mariela Castro expresó que era hora de comprender “mejor” qué significa ejercer “democráticamente el derecho al voto en relación con los temas legislativos”. “Hay avances en la manera de discutir (las leyes y proyectos), sobre todo en el modo en que se discutió a nivel de base, de centro de trabajo, de grupos sindicales, de núcleos del Partido (Comunista)”, señaló la hija del presidente en una entrevista realizada por el bloguero y periodista Francisco Rodríguez para su página “Paquito el de Cuba”. “Creo que todavía se debe perfeccionar el mecanismo de participación democrática de las diputadas y diputados dentro de la Asamblea”. Pero no todos lo ven así: “Yo diría que esto es más un signo de que Mariela puede salirse con la suya, que una señal de lo que un parlamentario común puede lograr, en cuanto a desafiar el voto unificado tradicional”, opinó Ted Henken, profesor de Estudios Latinoamericanos en Baruch College en Nueva York y quien destacó tanto el peso del apellido de la mujer como su lealtad al gobierno.

En cualquier legislativo latinoamericano una disputa por una norma o el cuestionamiento abierto de grupos de interés sería una nota menor en el periódico local, pero en Cuba donde no existen los partidos políticos y los diputados no son profesionales –sino que fueron elegidos mediante un complejo sistema por sus vecinos y mantienen sus trabajos habituales–, el voto negativo es toda una noticia. No es la primera vez que Castro desafía el estatus establecido o realiza declaraciones polémicas, mientras mantiene un firme apoyo al modelo cubano.

El Código de Trabajo aprobado prohíbe la discriminación laboral en base al género, la raza o la orientación sexual, pero no tiene ninguna mención a la condición de VIH o identidad de género por la que la propia diputada Castro había abogado en el Parlamento.

Rodríguez y una veintena de activistas que forman parte del Proyecto Arcoíris, la agrupación que encabezó las quejas contra el Código, ahora exige que Castro promueva enmiendas a la ley y que la Fiscalía de la República investigue el mecanismo de escritura del texto final en el cual se omitió la prohibición explícita de la discriminación por identidad de género y seroestatus.

Más aún, piden que la diputada Castro impulse leyes como un Código de Familia que confiera una mayor protección a las parejas gay y abra el paso a las uniones legales de personas del mismo sexo. Una solicitud de la AP para entrevistar a Castro, quien es también directora del Centro de Educación Sexual (Cenesex) –dependiente del Ministerio de Salud– no fue contestada.

El nivel de debate sobre estos derechos y la vitalidad del movimiento de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGTB) mostró también cuanto cambió en Cuba la situación desde los 60 y 70, cuando muchos gays fueron ingresados en campos de trabajo, pasando por una paulatina sensibilización social, hasta la inclusión hace un par de años de las operaciones de reasignación sexual en el sistema de salud público.

Aunque algunos activistas del movimiento LGBT en estos años rompieron con Castro y Cenesex y se convirtieron en abiertos disidentes políticos al modelo comunista, el Proyecto Arcoíris –en el cual se reconocen personalidades como el escritor Norge Espinosa, la activistas feminista Yasmín S. Portales o el ecologista Isbel Díaz–, por el contrario, dicen defender posturas socialistas y “anticapitalistas”. “No son detalles menores, son problemas sociales que tenemos en la Cuba contemporánea”, explicó el activista Rodríguez al defender la posición de Arcoíris. “Es una causa justa, personas con los mismos derechos y que necesitan esa protección. Lo más lógico es que desde las leyes se enuncie”.