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La reforma constitucional del 2010, que congeló en 178 el número de diputados a elegir por provincias; y el censo nacional de ese mismo año, revelan cambios dramáticos en la distribución geográfica de la población que correrán parejos con el poder político a partir de 2016.

Así, sólo tomando en cuenta los ocho años transcurridos desde el 2002, fecha del censo anterior, habrán nueve diputaciones que cambian de provincia, de las cuales ocho van a la provincia de Santo Domingo, y una a La Altagracia, dado el boom turístico de la zona.

La hipercentralización que se da en torno al Gran Santo Domingo, que si se incluye a San Cristóbal se acerca al 45% del total de la población explica y genera el burocratismo parasitario y la concentración de los beneficios de los programas Solidaridad, Bonoluz, Bonogas, exenciones diversas, importaciones privilegiadas, etc.; que son un reflejo de la concentración de poder económico y político en la capital de la República, con sus túneles, elevados, Metro y circunvalaciones; mientras proyectos vitales para el desarrollo del país, como Monte Grande, Bahía de las Águilas, Montecristi, la presa del Artibonito y la del Nordeste, duermen el sueño de los justos. El resto del país luce en total abandono, su población estancada o en reducción, aún el otrora pujante Cibao Norte (Santiago, Puerto Plata y Espaillat) apenas creció 2.5% en los últimos 10 años.

Ante esta situación, procede redefinir el poder territorial a partir de que somos un país pequeño con una autoridad central fuerte pero con urgencia de equilibrar su desarrollo entre las diez regiones que existen, que exhiben una gran variedad en su geografía, recursos naturales, desarrollo humano, producción actual y hasta cultura política.

Hay en el país 31 provincias con un Distrito Nacional, cuyos gobernadores sólo sirven para representar los intereses del Presidente de la República; 155 municipios con tradición de autonomía, pero en lugar de fomentar el empleo productivo y establer y ofrecer servicios sociales útiles a la población, utilizan lo poco que reciben de los impuestos que recauda el gobierno central (menos del 4%) para crear puestos inoperantes para sus socios clientelares, y hacer contratos leoninos, en tanto que se han establecido 225 distritos municipales muchas son simples aldeas en busca de subsidios, que apenas tienen que ver con el mejoramiento de la vida cotidiana de los munícipes.

El resultado de ese pandemónium es la arrabalización creciente de todo el país, tanto en la zona urbana, donde vive cerca del 75% de sus habitantes, como en la empobrecida zona rural dominicana.

Todavía es mucho lo que puede hacerse por una organización coherente del territorio nacional. En lugar de rendir culto al analfabetismo geopolítico y al populismo hipercentralista, de crear dos nuevas provincias como se propone, hay que fortalecer las regiones como instancias desconcentradas del Poder Ejecutivo para el desarrollo del país con la participación de los ayuntamientos; establecer una verdadera infraestructura de poder local en los sectores urbanos y rurales que asuman el liderazgo, hoy en manos de policías corruptos y narcotraficantes, para pasarlo a profesionales, técnicos, empresarios y líderes comunitarios, deseosos de lograr progreso, estabilidad y paz para sus barrios y familias.

Seguiremos…