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En mi penúltima entrega me referí a la hipercentralización y el analfabetismo geopolítico de que hacen gala el PLD y el PRD-Miguel, al menos en apariencia, para continuar secuestrando la voluntad política de los dominicanos, con respecto a lo que sería una real política de distribución equitativa y racional de los recursos del Estado, los incentivos fiscales y supervisión en toda la geografía nacional a partir de lo que existe actualmente.
La más tradicional división macroregional del país; Norte, Este o Sureste y Sur o Suroeste, puede ser suficiente en algunos casos como desconcentración gubernamental, si se lleva hasta sus últimas consecuencias, aunque para algunas políticas públicas deben tomarse en consideración los llamados Ejes Norte- Sur; a fin de distinguir el Eje Central, donde ha pasado casi todo lo importante desde el Descubrimiento hasta nuestros días, desde Puerto Plata hasta Azua y los límites de San Pedro de Macorís; el Eje Oriental, que incluye el Nordeste y la gran llanura oriental hasta Monte Plata; que ha estado despertando gracias a los cultivos intensivos y al turismo; el Eje Occidental o fronterizo, que comprende las provincias del Noroeste el área alrededor del lago Enriquillo y el Valle de San Juan.
Pero la distribución regional o la planificación del desarrollo debe alcanzar las diez zonas que por su orografía, actividad económica y cultura dividen el territorio nacional: Cibao Norte (Santiago, Puerto Plata y Espaillat); Cibao Sur (La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel); Noroeste (Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez); Nordeste (Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná y María T. Sánchez); Enriquillo (Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco); Valle de San Juan (San Juan, Elías Piña); Valdesia (Azua, Peravia, Ocoa y San Cristóbal); Yuma (Romana, El Seybo y La Altagracia); Higuamo (San P. Macorís, Hato Mayor y Monte Plata) y Metropolitana (Santo Domingo y Distrito Nacional).
A excepción de la Región Enriquillo con 7,000 Km2 y la Metropolitana con 1,400, las demás oscilan entre 4,500 y 5,500 Km2, cada una con características y potencialidades de desarrollo propios; siempre que se vinculen al gobierno central y los municipios para desarrollarlas, aunque dejando las gobernaciones provinciales para que el Poder Ejecutivo pueda supervisarlas directamente en lo político-social. Los ministerios deben tener direcciones regionales dentro de estas regiones.
Por su parte, los municipios, dotándolos de mejores recursos y atribuciones que les permitan intervenir en la creación de empleos, la educación y la salud, con adecuada supervisión; y la Liga Municipal teniendo divisiones regionales, tendrían capacidad para influir en planeamiento urbano, la protección del medio ambiente y la gestión financiera eficiente de los municipios.
También se requiere que los municipios tengan desconcentraciones que permitan la atención diferenciada con distritos administrativos en las grandes ciudades y delegaciones, con participación comunitaria.