El expresidente de la República, Hipólito Mejía, reaccionó este sábado al caso Pandora que, involucra a oficiales de la Policía Nacional (PN), en una supuesta red acusada de sustraer más de 900,000 municiones, dijo que deben ser juzgados como lo establece la ley.

«Para eso está la justicia, que lo juzguen como Dios manda, eso es grave. Pero se ha detectado, quizás en el pasado hubo lo mismo y no se detectó, pero ahora se detectó, que es lo más importante, la transparencia, la información correcta y la orientación a la opinión pública real, verdadera como ha sido. Y la justicia tiene que encargarse ya», sostuvo Mejía.

Agregó que la corrupción es peligrosa y da miedo, por ello la gente no debe acostumbrarse a ella.

«Aquí hay tantos ladrones que uno se acostumbra, digo, no debemos acostumbrarnos, pero la corruptela es una cosa que mete miedo, verla de cerca y de lejos. Yo que la vi de cerca sé que es peligrosa y verla de lejos es la información que ustedes están requiriendo. Bueno, hay que castigar eso«.

Expediente

Los imputados en el caso Pandora, alteraban las supuestas armas sustraídas de la Policía Nacional para poder ser manipuladas por civiles, según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.

De acuerdo a la acusación “los implicados alteraban las armas de fogueo y les cambiaban el cañón, para poder disparar con las municiones de armas de fuego normales, y luego las vendían a civiles “

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El expediente agrega además que esas armas “eran comercializadas mediante un mercado irregular, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes penales.

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Mediante la orden judicial se revela que supuestamente parte las municiones sustraídas, eran vendidas a un “contacto en el vecino país Haití”.

Acusados

Entre los imputados en el caso se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; y el sargento del uniformada, el capitán y