Tokio- El nacimiento en 2006 del príncipe Hisahito aplazó una acuciante reforma de la ley que rige la casa imperial nipona, enmienda que, diez años después, sigue pendiente pese a las trabas que encara la institución en lo que respecta a la sucesión o al envejecimiento de sus miembros.

«¡Es un niño! La princesa Kiko da a luz al primer heredero al trono en 41 años”, tituló el diario Yomiuri en su portada del 7 de septiembre de 2006, evidenciando el gran alivio que supuso para el país la llegada al mundo del príncipe, hoy hace justo una década.

El Gobierno nipón encaraba entonces un asunto peliagudo en el archipiélago; modificar la normativa imperial con el objetivo de que las mujeres pudieran ocupar también el trono del crisantemo, al que actualmente solo los varones descendientes directos del emperador pueden acceder.

La idea de que la princesa Aiko, prima de Hisahito e hija de los príncipes herederos Naruhito y Masako, pudiera llegar a convertirse en jefa de Estado se aparcó poco después del nacimiento y hasta el día de hoy ha permanecido en el cajón.

Por su parte, el actual emperador, Akihito, de 82 años, se encargó el pasado agosto de recordar que la ley sálica no es el único aspecto sujeto a debate cuando, en un mensaje televisado, comunicó al pueblo nipón su deseo de abdicar, algo que tampoco contempla la actual normativa imperial.

Esa ley, trazada en 1947 e incluida en la Constitución que Japón aprobó durante la ocupación estadounidense, dejó fuera el supuesto de abdicación (algo que hicieron varios emperadores hasta el siglo XIX) y retuvo la sucesión patrilineal que estaba incluida en la Carta Magna de corte prusiano adoptada por el país en 1889.

Antes de eso hasta ocho mujeres habían podido ocupar como emperatrices regentes el trono del crisantemo, la última Go-Sakuramachi entre los años 1762 y 1770.

Sin embargo, muchos estudiosos de corte conservador siguen defendiendo a día de hoy que los mandatos de estas emperatrices tuvieron siempre un carácter temporal o provisional y que por ello la ley sálica debe mantenerse intacta en Japón.

Al margen de la complejidad para enmendar la Constitución (ningún artículo ha sido aún modificado desde 1947), la vehemencia de este tipo de posturas ha hecho que ningún Gobierno o político nipón haya querido volver a mentar en la última década la posibilidad de reformar la institución monárquica más antigua del planeta.