Dudo que el populismo influyera decisivamente en la histórica sentencia evacuada por Francisco Ortega Polanco, juez de Instrucción especial para el caso de los sobornos de Odebrecht, aunque debe reconocerse que debido a la diversidad política de los encartados, políticos, funcionarios, legisladores, empresarios y lobistas, el juicio de coerción concitó la atención nacional concomitante a las protestas callejeras de los últimos meses.
En el veredicto parece haber primado la íntima convicción del juez, sustentada sobre la Constitución y las leyes, su valoración ética de la administración pública, la fortaleza del pliego acusatorio presentado por los fiscales, quienes no solamente han tomado en cuenta la documentación enviada por sus pares desde Brasil y Estados Unidos relativa al cohecho, sino las enormes fortunas amasadas, denominador común de los acusados.
Ortega, un joven abogado de rutilante carrera, no se dejó amedrentar ante el prestigio de los sometidos a la justicia ni tampoco por la grandilocuencia, algunas al estilo Cicerón, de la pletórica barra defensora, probablemente la mejor reunida de los últimos tiempos, entre los cuales figuran, quizá, antiguos profesores del magistrado especial.
Ocho acusados para la cárcel, fianza para los tres legisladores y dos arrestos domiciliarios por razones humanitarias, y uno que permanece fuera del país, constituye un saldo coercitivo que será difícil de emular o superar en el futuro, pero debe servir de lección ejemplar, sin haber entrado aun al juicio de fondo, para contener las ansias de enriquecimiento ilícito que afectan a una gran parte de la sociedad dominicana cuando accede a una función pública, y que contiene la razón de ser, o la aspiración suprema, de muchos dirigentes y activistas del quehacer partidario.
Ortega y el Procurador, Jean Alain Rodríguez, se han casado con la gloria; los encartados tienen que defenderse. Ojalá todos aprendamos la lección.