La Cámara de Cuentas advirtió hace unos días que los senadores, diputados, alcaldes y regidores que no presenten a tiempo su Declaración Jurada de Bienes, como lo establece la Ley 311-14, podrían enfrentarse a un juicio político de destitución, entre otras sanciones, que dicho sea de paso no se han aplicado nunca a pesar de que su incumplimiento ha sido, desde que se aprobó hace diez años, la regla aceptada y tolerada y no la excepción, como debería ser siempre.

Por eso estamos viendo el alboroto y las excusas que han puesto algunos legisladores para justificar no haber presentado todavía su declaración jurada, que la Cámara de Cuentas ya se ocupó de aclarar que no tiene cambios ni novedades, como han alegado, alegatos que solo han servido para demostrar hasta dónde puede llegar su rechazo casi patológico a ese requisito, pero sobre todo a la transparencia que debe normar el ejercicio de la función pública.

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Y como ayer se venció el plazo y la mayoría de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no habían cumplido con ese mandato, hay que volver a preguntarse si tiene sentido continuar con la aplicación de una ley que somos incapaces de hacer cumplir y respetar, empezando por los propios legisladores, que no se cansan, porque parece no les importa ni preocupa, de poner el mal ejemplo.

En esta ocasión no ha sido diferente, y los argumentos para no haber cumplido con sus declaraciones van de lo ridículo a lo patético, cuando deberían ser los primeros en entender que la Cámara de Cuentas, como principal órgano de control externo de los recursos públicos, tiene que asegurarse de que lo declarado se corresponde con la verdad, pues aquí todo el mundo sabe que muchas de esas declaraciones son una simple relación de los bienes que se piensan adquirir durante su desempeño en el cargo. Eso es lo que la actual Cámara de Cuentas quiere cambiar cuando pide a los declarantes tantos papeles, y por eso el ruidoso pataleo de los honorables.