Justamente hace un mes, el pasado viernes 30 de agosto, que, lamentablemente, Anibel González Ureña recibió de su expareja Yasmil Oscar Fernández Estévez, alias Ray, tres disparos, siendo esta la segunda ocasión en que él trataba de asesinarla. La otra ocasión, fue el pasado 3 de diciembre de 2017, cuando Fernández, intentó asesinarla, en esa ocasión agrediéndola con siete puñaladas frente a las tres hijas de ambos.

Finalmente, en esta ocasión, el feminicida tuvo éxito y logró acabar con la vida de Anibel, una joven abogada que luchaba cada día en seguir preparándose y ser un ente de futuro para sus vástagos y la familia.

Este feminicidio conmocionó la sociedad debido a que Fernández nunca debió estar en la calle tras el primer intento de asesinato. Sin embargo, de manera irregular, fue condenado a cinco años y por un acuerdo, calificado como improcedente por varios juristas expertos, salió en 18 meses. El convenio fue aprobado por el juez de Ejecución de la Pena, Francisco Domínguez Guerrero, otorgando la libertad al agresor, documento que no fue firmado por la víctima, según su familia.

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Las reacciones. Desde el feminicidio de Anibel, organizaciones feministas y otros grupos de mujeres y hombres se han mantenido firme en la celebración de unas protestas, que llaman plantones, todos los lunes a las 6:00 de la tarde, frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Sumprema Corte de Justicia.

Bajo la consigna ¡Ni una Anibel Más!, las manifestaciones han contado con encendido de velas para recordar a las asesinadas y llamar la atención de las autoridades hacia políticas preventivas de la violencia contra las mujeres y el rechazo de procedimientos protectores del este delito.

Los colectivos convocantes plantean que se necesita una mejor política de Estado que garantice los derechos de las mujeres y esté basada en la prevención de la violencia desde planes educativos que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.

De hecho, hoy estos colectivos se están manifestando en San Pedro de Macoris, conjuntamente con familiares de Anibel González. Las convocantes llaman a la comunidad de San Pedro de Macorís a que haga sentir su reclamo de profundizar las investigaciones hasta donde sea necesario, y se indague si efectivamente hubo corrupción en el manejo de este caso para que se proceda con las sanciones correspondientes.

Los últimos días de vida de Anibel. Miguel Ureña, tío de la víctima, explicó que en esas últimas semanas comenzó a medir los parámetros para actuar en el caso porque Fernández, el victimario, se encontraba fuera de control.

“Anibel me dijo que ya había hablado con el fiscal de San Pedro de Macorís y que él le había dicho que no iba a cargar con su muerte”, señaló.

El abogado aclaró que en ese tenor la víctima estuvo tratando de comunicarse con la magistrada Margarita quien es la encargada de los casos de violencia de género lo que le fue imposible.

“Ella me dijo, una semana antes del hecho, vamos a coordinar con la magistrada Margarita a los fines que dejemos sin efecto el acuerdo que ya se había materializada”, explicó.

“Un dato muy importante es que después que ella me dice eso una persona me llama muy empecinada en saber en que estaba Anibel y me dice; la mujer le ha dicho algo, dígame en que esta ella, que le ha dicho”, subrayó Ureña.

Ureña notificó que aparentemente desde la misma fiscalía llamaron a Fernández para decirle las estructuras en la cual él se encontraba en el caso, y por por lo tanto “nosotros entendemos que esa fue la razón por la cual a ella no le tomaban la llamada”.