Hoy 
POR JESÚS DE LA ROSA
Desde las últimas décadas del siglo pasado vienen teniendo lugar aquí y en los demás países de la América española tentativas de reforma de los sistemas de instrucción pública con el fin de que todos los individuos disfruten de las mismas oportunidades de acceso a un régimen de educación de calidad.
Se pretende que la educación se transforme en una herramienta de promoción de cada ciudadano con vistas a ampliar las posibilidades de organizar una sociedad hispanoamericana más justa, más solidaria y más humana.
Ha ido creciendo el consenso de que a través de la educación las personas pueden adquirir los conocimientos y las destrezas necesarias para prosperar en un mundo de mercados abiertos.
Las estadísticas oficiales indican que cerca de la mitad de la población dominicana vive en condiciones de pobreza y que una alta proporción de los que así viven lo hacen en medio de carencias extremas.
Aquí, más que darse una clara asociación entre la pobreza y la educación, ocurre el hecho de que son los pobres las únicas personas con bajos niveles de instrucción, con altas tasas de abandono de estudios y altas tasas de analfabetismo.
La deficiente calidad y el inadecuado acceso a la educación de una gran proporción de nuestros ciudadanos están limitando las posibilidades de progreso del país hacia un desarrollo sostenido.
Mientras que en los países de la América española se han estado poniendo en práctica de manera entusiasta y esperanzadora planes de reformas de los sistemas de instrucción pública sobre la base de argumentos relacionados con la productividad, la competitividad global y las mejoras en la equidad social, aquí esos mismos intentos muchos los dan como fracasados.
Como bien lo advirtiera el presidente Leonel Fernández en su intervención en la sesión del Foro Educativo celebrado en el Club Mauricio Báez, la tarde del 8 de mayo pasado, el progreso económico de un país hoy demanda, entre otras condiciones, el disponer de una fuerza de trabajo con una base sólida de destrezas de lectura y de cálculo matemático; también, el contar con una clase profesional con conocimientos científicos y con capacidades para comunicarse en varios idiomas.
Nuestros campos se despueblan y los campesinos abandonan sus huertos para ir a los barrios carenciales de las ciudades más importantes.
La marginalidad, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida campean por donde doquier.
El ritmo de crecimiento de nuestra población es de alrededor de 2.6% anual, y según los expertos en cuestiones demográficas, antes de finalizar la segunda década de este siglo, la República Dominicana tendrá más de 15 millones de habitantes.
La reforma socioeconómica, la industrialización, la incorporación de la mujer en forma activa a la vida política hacen variar con mucha rapidez las posibilidades de las gentes de manera que no pueden dejarse de lado a la hora de decidir el rumbo que habrá de tomar la reforma de la educación.
Nuestro sistema de instrucción pública confronta grandes calamidades. Sus índices revelan un gran desastre: baja tasa de cobertura acompañada de una alta tasa de deserción; bajo porcentaje de estudiantes promovidos y sobrecogedores índices de sobre edad.
El año lectivo pasado, el número de estudiantes matriculados alcanzó la cifra de 2 millones 700 mil, incluyendo los más de 400 mil matriculados en colegios privados. Pero este año, sólo se inscribieron 2 millones, 500 mil. El número de estudiantes que se inscribieron en escuelas públicas descendió en tanto que aumentaron los matriculados en instituciones privadas de educación básica y media.
Más de 700 mil niños y jóvenes han debido permanecer fuera de las aulas por falta de cupo o por los problemas económicos que los afectan tanto a ellos como a sus padres.
Visión Mundial, una institución sin fines de lucro, en meses pasados hubo de reincorporar a la escuela a miles de niños que habían abandonados las aulas para laborar por un salario mísero en plantaciones de tomates desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro de la tarde.
A pesar de la falta de aulas para acoger el número de niños y de jóvenes en edad escolar, cientos de escuelas localizadas en zonas rurales permanecen cerrados por falta de alumnos. Es que en las comunidades más empobrecidas del país los padres de familias han ido perdiendo la costumbre de enviar sus hijos a la escuela.
Para tener una idea más acabada acerca de la magnitud de la crisis que afecta a nuestro sistema de instrucción pública precisa que tomemos en cuenta los datos siguientes: durante el año lectivo pasado se produjo una deserción de un 3.3% en el primer curso de enseñanza básica y un 4.3% en el segundo curso de ese mismo nivel: Del tercero al octavo curso los índices de deserción se elevaron a un 3.9%, 5.6% 5.8% 6.4% 9.7% y 2.5% respectivamente, siendo el 5.9% el índice promedio de deserción en el nivel básico.
La ineficiencia y la inequidad de la escuela dominicana se expresan en los altos índices de repitencia que se registran en los diferentes niveles. Conforme a un diagnóstico elaborado por técnicos de la secretaría de Educación el índice promedio de repitencia es de un 7% en el nivel básico, lo que significa que más de 180 mil estudiantes repiten el curso, donde se supone que uno sólo no debería repetir.
La educación inicial (jardín de la infancia) es un producto demasiado caro por lo que su cobertura apenas cubre el 20% de la demanda potencial. Los liceos secundarios y los institutos politécnicos aquí son fenómenos típicamente urbanos. Y qué decir de la educación superior. A pesar de la existencia de 43 instituciones de educación superior, apenas un 12% de los jóvenes dominicanos de edades comprendidas entre los 18 y 30 años cursan estudios superiores.
Más del 20% de los dominicanos mayores de 15 años no saben ni leer ni escribir.
Esos rezagos en materia de instrucción pública se expresan en el bajo promedio de escolaridad de la población dominicana y en la baja capacidad tecnológica de su mano de obra.
¿Qué hacer para evitar el colapso definitivo de nuestro sistema de instrucción pública?
Tener siempre presente las experiencias pasadas y darle un adecuado uso a los contados recursos de que disponemos. Debemos salvar tres grandes obstáculos: la falta de recursos económicos; la pobreza de los alumnos; y la deficiente capacidad profesional y técnica de los maestros.
El sistema dominicano de instrucción pública es el peor financiado de la América española.
La inversión promedio en educación de los gobiernos de los países de este lado del mundo es de 4% del Producto Bruto Interno (PBI), en tanto que la inversión en educación del gobierno dominicano en este momento es de alrededor de 1.92% del PBI, alrededor de un 8% del Presupuesto Nacional.
Debido a la crisis económica que este gobierno heredó de la administración pasada, en materia de inversión en educación, retrocedimos a los bajos niveles de inversión en el sector que se registraron a finales de la década de los años 80.
Las partidas presupuestarias que el gobierno destina a educación apenas alcanzan para cubrir los sueldos de más de 58 mil maestros y 27 empleados administrativos y para unos que otros gastos de capitales.
Debido a lo bajo de la inversión en educación, a nadie debe causarle sorpresa el hecho de que la República Dominicana sea uno de los países de más bajo nivel educativo de la América española.
Para lograr que todos los niños del país puedan completar la enseñanza básica, la secretaría de Educación requiere disponer de un presupuesto cercano a la suma de mil millones de dólares anuales (cerca de 30 mil millones de pesos) durante los próximos 5 años.
Mientras el gasto por estudiante de escuela pública es de 250 dólares anuales, el de un estudiante de un colegio de primera categoría es de 5 mil dólares; esto significa que una familia adinerada invierte 20 veces más en cubrir los gastos de educación de su hijo que lo que invierte el gobierno en la formación del hijo o la hija de una familia pobre.
Debemos, a la vuelta de dos años, de construir o acondicionar más de 23 mil aulas y de incorporar al sistema más de 30 mil nuevos docentes; también, debemos de poner en práctica actualizados planes de formación pedagógica para elevar la calidad de los servicios docentes.
Algunos mantenemos la esperanza de que, a partir del año próximo, el gobierno del presidente Fernández comenzará a invertir más en educación y habremos de conjurar la crisis que afecta a ese sector. Pero, otros no se muestran tan optimistas como nosotros; piensan que mientras el pago de la deuda externa ocupe el lugar número uno en la agenda del gobierno, la crisis que afecta al sistema de instrucción pública se agravará por lo que marcharemos de mal en peor.
Con el objetivo de fomentar nuestro crecimiento económico a través de acceso a mayores mercados exteriores la República Dominicana firmó un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con los países de Centro América, con la desventaja de que algunos renglones de nuestra economía están en competencia con los de las demás por lo que resultará extremadamente difícil formar una comunidad económica centroamericana unificada.
Para obtener ventajas de la libre competencia debemos de ir pensando en la formación de una clase profesional integrada por jóvenes egresados de nuestras universidades dotados de grandes conocimientos y de las destrezas necesarias para triunfar en un mercado abierto a la competencia internacional.
Debemos de descartar de plano la inequidad que envuelve la competencia basada en la venta de una fuerza de trabajo de muy baja calificación.
Además de pelotero, de bachateros y de bailadores y bailadoras de son debemos ofertar médicos, físicos, químicos, filósofos, matemáticos y otros especialistas.
En la República Dominicana son muy desiguales las oportunidades de educación.
Además de la falta de recursos económicos, existen otros obstáculos que se interponen a la reforma de la escuela dominicana, entre ellos, la falta de formación profesional de los maestros y la permanencia de un modo gerencial (nos referimos a estructuras no a personas) que no funciona.
Aquí muchas de las actividades que tienen lugar en los centros de educación escapan al control de las autoridades. Y el que un grupo de maestros, actuando de manera irresponsable, decida por su cuenta decretar un paro de actividades ya no es noticia por ser un hecho que ocurre con demasiada frecuencia.
Uno de los grandes problemas con que tuvimos que enfrentar los formuladores y ejecutores del Plan Decenal de Educación (1993-2003) fue la falta de maestros capaces de implementar las nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje y de poner en práctica los nuevos contenidos curriculares. Eso mismo ha venido ocurriendo desde finales del Siglo XIX: aquí fracasó la reforma de la educación emprendida por Eugenio Marías de Hostos a finales del siglo XIX; se frustraron los intentos de Julio Ortega Frier (1916); colapsó la reforma impulsada por Pedro Henríquez Ureña (1931); lo mismo aconteció con la emprendida por la Misión chilena (1940); y con la iniciada por Joaquín Balaguer a principios de los años 50.
Al terminar de escribir estas líneas viene a mi mente una frase en latín que aprendí en la escuela parroquial del padre Leopoldo (Obispo Francisco Panal): Fata Viam Inverient (el destino encontrará una manera).
