A raíz de que recientemente se ha reintroducido en el Senado el proyecto de ley que busca modificar el Código Tributario dominicano a los fines de lograr la eliminación del pago del anticipo por parte de las empresas al Estado, a través de la Dirección Genral de Impuestos Internos (DGII), es bueno recordar que la eliminación del anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los sistemas fiscales representa una decisión de gran impacto que, como cualquier reforma tributaria, acarrea una serie de ventajas y desventajas para los actores económicos y el Estado.

Una de las ventajas principales de eliminar el anticipo es el alivio financiero inmediato para los contribuyentes, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas entidades, que a menudo operan con márgenes de beneficio más reducidos y menor capacidad de liquidez, se ven perjudicadas por la obligación de adelantar el pago de un impuesto sobre ingresos que aún no han materializado. Al suprimir este pago anticipado, se les otorgaría mayor flexibilidad para gestionar su flujo de caja, lo cual favorecería su desarrollo y sostenibilidad, evitando situaciones de insolvencia o quiebra. En este sentido, su eliminación podría incentivar la formalización de más empresas, dado que uno de los obstáculos que enfrentan los emprendedores al formalizarse es la carga fiscal anticipada.

Sin embargo, la eliminación del anticipo también presenta desventajas significativas. Una de las principales es el impacto en la recaudación fiscal. Actualmente, los anticipos garantizan al Estado un flujo de ingresos constante, permitiéndole financiar programas y servicios públicos de manera regular a lo largo del año fiscal. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, los anticipos del ISR para 2023 representaron el 61.2% de la meta de recaudación de este impuesto. Sin estos pagos adelantados, el gobierno se enfrentaría a un desafío de liquidez, obligándolo a depender de los pagos realizados únicamente al final del año fiscal, lo que podría generar desequilibrios presupuestarios y dificultar la planificación financiera estatal.

Otro problema es la potencial acumulación de deudas fiscales para los contribuyentes. La ausencia de anticipos podría llevar a que algunas empresas, especialmente las mipymes, se enfrenten a pagos de impuestos más elevados al final del año fiscal. Al no tener pagos a cuenta que compensar, las empresas se verían obligadas a desembolsar montos significativos de una sola vez, lo que podría desencadenar una mayor cantidad de acuerdos de pago ante la DGII, como sucedió durante la liberalización del anticipo en los años 2020 y 2021. Estos acuerdos, si bien ofrecen flexibilidad, conllevan intereses adicionales y penalidades en caso de incumplimiento, lo que podría terminar siendo más oneroso para el contribuyente.

Aunque la eliminación del anticipo fiscal conlleva una serie de ventajas que beneficiarían principalmente a las pequeñas y medianas empresas, al aliviar su carga fiscal anticipada y simplificar el sistema tributario, esta propuesta presenta desventajas importantes, como la disminución de la liquidez del Estado y un posible aumento en la carga impositiva para los contribuyentes al final del año fiscal, además de una menor capacidad de fiscalización por parte de las autoridades. La eliminación de esta figura debe ser cuidadosamente analizada, considerando tanto los efectos.