Una mujer acusada en Colombia de participar en una fallida invasión armada a Venezuela dice que las autoridades colombianas estaban al tanto de las actividades de los insurgentes. Yacsy Álvarez afirma asimismo que el líder opositor venezolano Juan Guaidó era parte del complot y que a ella la quieren usar como chivo expiatorio. Sus denuncias desde la cárcel plantean nuevos interrogantes en torno al papel de Colombia en el infructuoso intento por derrocar a Nicolás Maduro.

En una celda sin ventanas de una cárcel de máxima seguridad en Colombia, Yacsy Álvarez espera ser juzgada por ayudar a organizar una fallida invasión armada para tratar de derrocar el gobierno de la vecina Venezuela.

Álvarez era una traductora y socia de Jordan Goudreau, un exboina verde estadounidense cuyo plan para derrocar a Nicolás Maduro con un pequeño grupo que habría ayudado a entrenar en la selva colombiana resultó un desastre el año pasado.

Fiscales colombianos dicen que Álvarez ayudó a contrabandear armas para el ejército de voluntarios. Pero ella afirma que la están usando de chivo expiatorio para tapar las faltas de otros, incluido el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien tomó distancia de esos autodeclarados luchadores por la libertad. El mes pasado su abogado pidió a los fiscales que incluyesen a Guaidó en la lista de imputados.

Álvarez también la emprendió contra los autoridades colombianos, a los que acusa de estar en contacto con el líder venezolano del complot. Sostuvo que, a pesar de estar al tanto de los movimientos de los combatientes, las autoridades no hicieron nada por detenerlos, ni siquiera después de que el vicepresidente venezolano, siete meses antes de la incursión, pasó las coordinadas de las casas donde se refugiaban los rebeldes desde la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Yo no tengo ningún tipo de formación militar ni política, no tengo la fuerza económica”, expresó Álvarez durante una breve entrevista desde una prisión de Medellín. “Agarraron a la más pend… para pagar los platos rotos de los demás.

Las denuncias de Álvarez plantean nuevos interrogantes en torno al papel de Colombia en la Operación Gedeón, como se la conoce, que el fiscal general venezolano Tarek William Saab describió como una “moderna versión” de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba ocurrida en 1961. El fallido intento de mayo del año pasado de promover una rebelión popular terminó con seis insurgentes muertos y dos viejos camaradas de Goudreau en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos presos en Caracas.

Colombia, cuyas fuerzas de seguridad son una de las principales aliadas de Estados Unidos en el mundo, niega haberse prestado a sabiendas como punto de partida de la incursión. Los estadounidenses aseguran también no haber estado al tanto de las actividades ilegales del grupo.

Pero Álvarez afirma que el individuo que coordinó el intento, el general retirado del ejército venezolano Clíver Alcalá, había estado en contacto con los servicios de inteligencia colombianos desde su llegada a Colombia en el 2017 tras una fallida conspiración militar en Venezuela.

La afirmación coincide con los resultados de una investigación de la AP del año pasado según la cual Alcalá habló de la incursión que planeaba y pidió apoyo para la misma durante un encuentro de junio del 2019 con dos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia.

En ese encuentro en un hotel de Medellín Alcalá también presumió de su relación con Goudreau, a quien describió como un exagente de la CIA, de acuerdo con un exfuncionario colombiano al tanto de la conversación. Pero cuando la CIA negó en Bogotá relación alguna con Goudreau, se le dijo a Alcalá que dejase de hablar de la invasión porque de lo contrario sería expulsado, indicó el exfuncionario.

¿CONSPIRADORA O AGENTE DOBLE?

Nueve meses después de que la Operación Gideón pasase a ser motivo de burlas en las redes sociales, la versión de lo sucedido sigue ensombrecida por confesiones cuestionables y afirmaciones propagandísticas desde Caracas, acompañadas por el silencio y los subterfugios de los opositores a Maduro.

Álvarez, quien tiene 39 años, es persentada como una especie de Mata Hari venezolana, acusada tanto de complotar para derrocar a Maduro como de trabajar como agente doble decidida a sabotear la operación desde las líneas enemigas. Ella, por su parte, dice que su único delito fue ayudar a combatientes desolados cuando Guaidó y Colombia, después de alentarlos a desertar y ofrecerles alojamiento libre y asistencia, los abandonaron.

Fue detenida junto con otros tres venezolanos en septiembre, después de una investigación de cinco meses de la preparación de una milicia de exiliados en suelo colombiano.

El presidente colombiano Iván Duque dijo por entonces que los cuatro “estaban presuntamente promovidos y financiados por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, aunque hasta ahora las autoridades no presentaron prueba sólida alguna de ese vínculo.

Álvarez fue traductora de Goudreau durante sus visitas a Colombia y los dos abrieron una filial de su pequeña firma de cuestiones de seguridad de la Florida, Silvercorp, a mediados del 2019. Tiene una oficina en un hotel caro de Barranquilla, de acuerdo con los archivos públicos.

También viajó a Barranquilla con Goudreau y los otros dos exboinas verdes —Luke Denman y Airan Berry— en un jet Cessna de su jefe, el empresario Franklin Durán, quien tiene un largo historial de tratos con el gobierno venezolano. Por entonces, Álvarez vivía en esa ciudad de la costa caribeña y trabajaba como directora de una empresa de lubricantes para autos de Durán.

Durán fue detenido en mayo por las autoridades venezolanas, acusado de financiar el complot. A través de sus abogados negó haber estado involucrado. Pero los opositores a Maduro destacan su pasado turbio —estuvo cuatro años preso en Estados Unidos por trabajar como agente de Hugo Chávez para encubrir aportes de dinero a una expresidenta argentina— como prueba de que la misión había sido desvirtuada.

Sean cuales sean sus lealtades, Álvarez dijo que fue Durán quien la puso en contacto con Alcalá, a quien él conocía desde hacía años.

Agregó que las autoridades colombianas estaban muy al tanto de lo que sucedía y parecían apoyar el complot, por más que no estuviesen involucradas directamente. En determinado momento, Alcalá le presentó a la persona que le daba órdenes en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), alguien que se identificó como “Franklin Sánchez”, nombre que ella cree ahora que era un seudónimo.

En ningún momento ella sospechó que estaba siendo investigada. Por el contrario, asegura que Sánchez trató de protegerla, exhortándola a que se mudase a otra vivienda ante la posiblidad de recibir amenazas de una unidad policial de elite que responde a Maduro conocida como las Fuerzas de Acciones Especiales. Le dio la misma explicación a su abogado, Alejandro Carranza, en una conversación grabada desde la cárcel el 26 de noviembre, una copia de la cual el abogado entregó a la AP.

La amenaza aludía a una carta, que también suministró Carranza, enviada por la DNI a los fiscales un mes antes de su detención en la que se los exhorta a tomar medidas “urgentes” para evitar que sea lastimada o que huya a Panamá. La carta, caratulada como “secreta”, fue escrita a pedido del director de la DNI, el vicealmirante retirado Rodolfo Amaya.

También dice haber hablado en videoconferencias de tres horas con agentes del FBI, quienes llevan a cabo una investigación paralela para determinar si Goudreau violó las leyes estadoundienses que requieren la aprobación del Departamento de Estado de cualquier venta de equipo militar o entrenamiento de extranjeros. Afirmó que durante esa conversación imploró al FBI que protegiese a su madre, quien permanece en Venezuela, de posibles represalias de Maduro.

EL DISCURSO EN LA ONU

Un comunicado de la DNI colombiana dice que no tenía conocimiento de los planes de una incursión armada ni información alguna acerca de la relación de Alcalá con Goudreau. Niega asimismo haber tenido contacto con Álvarez para alertarla sobre amenazas o por otros motivos, pero no cuestiona la autenticidad de la carta de los fiscales acerca de sus movimientos.

Numerosas declaraciones públicas del gobierno de Maduro, así como informes policiales de actividades sospechosas de militares venezolanos desertores en Colombia, indican que el complot era un secreto a voces.

El 27 de octubre del 2019, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pronunció un punzante discurso criticando a Colombia en la Asamblea General de la ONU, en el que reveló los escondites donde se entrenaba a combatientes para derrocar a Maduro. Horas después, el gobierno venezolano difundió por las redes sociales una dirección y una foto tomada de Google Earth de una de las casas, que describió como el “Campo Dos”, en la ciudad costera de Ríohacha. Días antes, su hermano, el entonces ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez, había suministrado la misma información.

La sencilla casa de cemento en una calle polvorienta, sin pavimentar, había sido alquilada por dos venezolanos, por unos 700 dólares al mes el 1ro de julio del 2019, según una copia del contrato suministrada a la AP por la dueña de la vivienda. Uno de ellos, Luis Gómez Peñaranda, fue detenido dos meses después en Venezuela por transportar supuestamente explosivos C4 para perpetrar atentados contra edificios del gobierno. En una confesión grabada de un video que fue muy publicitada por el gobierno de Maduro, Peñaranda señaló a Alcalá y a uno de los imputados junto a Álvarez, Rayder Russo, como los artífices del frustrado plan. Peñaranda fue liberado el año pasado como parte de una excarcelación masiva de opositores el gobierno.

Dilarina Mendoza, dueña de la vivienda, dijo que los inquilinos presentaron documentos en los que se los identificaba como miembros de una organización religiosa, la Fundación Mahanaim, en referencia a una aldea bíblica cuyo nombre quiere decir “dos campos” en hebreo. La mujer dijo que Álvarez, a quien identificó en fotos, estaba con ellos y que pagó el primer mes de alquiler. En una ocasión vio a Alcalá en la casa y a un estadounidense con una gorra de béisbol a quien no pudo identificar.

Desde el comienzo, los inquilinos se retrasaron en el pago del alquiler a pesar de que cada vez llegaban más venezolanos a la vivienda, que dormían en catres metálicos que adquirieron. En reiteradas ocasiones le dijeron que esperaban la transferencia de dinero desde su congregación en Estados Unidos. Finalmente, a fines de octubre, hizo una denuncia ante la policía —una copia de la cual suministró— en la que decía que le debían 2.000 dólares en alquiler y otros gastos.

“Los tenia que sacar a la brava porque no querían irse”, expresó Mendoza, quien dijo que jamás sospechó que estuviesen involucrados en algo turbio. “Además me dejaron la casa un desastre y rayaron todo mi piso de mármol”.

Después del desalojo, el grupo, que era de unos 20 hombres, se instaló en una vivienda a dos kilómetros (poco más de una milla). La policía allanó la nueva casa el 26 de marzo del 2020, un mes antes de la fallida invasión a Venezuela. La casa estaba deshabitada, pero adentro encontraron uniformes militares venezolanos, mapas de estados clave y nueve cámaras de seguridad entre colchones desparramados por el piso, de acuerdo con un informe policial obtenido por la AP. También había recibos de pequeñas transferencias de dinero a través de Western Union, una de ellas por 48,75 dólares, de otros conocidos exsoldados venezolanos que vivían en Miami y participaban del complot. En la orden de arresto de Álvarez se menciona el informe policial. El abogado de Álvarez suministró una copia del informe a la AP

No está claro qué motivó el allanamiento. Es posible que las autoridades sospechasen por más que no pudiesen, o no quisiesen, intervenir para neutralizar el complot y evitar el baño de sangre que hubo. Tres días antes, el 23 de marzo, la policía confiscó un cargamento de 26 fusiles y equipo táctico que después se supo había sido despachado por Álvarez con destino a los rebeldes en la península de La Guajira, que Colombia comparte con Venezuela.

A esta altura la misión ya había sido infiltrada y el gobierno de Maduro se relamía. El 28 de marzo, el jefe del partido socialista venezolano Diosdado Cabello, la eminencia gris de una vasta red de servicios de inteligencia entrenada por instructores cubanos, por primera vez mencionó a Álvarez, Alcalá, Goudreau y a otros en la televisión estatal, diciendo que habían encabezado un complot “mercenario” para derrocar a Maduro.

“¿Qué ha hecho el gobierno colombiano? Nada, porque ellos son cómplices de esto pues”, expresó Cabello.

Ramiro Bejarano, exjefe del servicio de inteligencia colombiano, dijo que las declaraciones de Álvarez son una nueva mancha para las autoridades colombianas, que en su afán de ver el derrocamiento de Maduro ignoraron la fragilidad del improvisado plan de Alcalá y el peligro de que el tiro saliese por la culata y resultase en un lío político difícil de explicar para la oposición venezolana y quienes la apoyan desde el exterior.

“Fueron cómplices o completamente negligentes al no cerrarlo”, dijo Bejarano, ahora columnista crítico del actual gobierno colombiano. “Pero es imposible que no supieran lo que estaba pasando delante de sus narices”.

¿PARTICIPACIÓN ESTADOUNIDENSE?

Alcalá, un antiguo discípulo de Hugo Chávez que rompió con Maduro cuando llegó a la presidencia en el 2013, no participó en la incursión. El 26 de marzo, tres días después de que se interceptasen las armas, fiscales federales de Nueva York radicaron cargos contra él, Maduro, Cabello y otros por supuestamenten conspirar con rebeldes colombianos para enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Se ofreció un premio de 10 millones de dólares por información que facilitase el arresto de Alcalá, lo que marcó un profundo cambio respecto a una figura que criticaba públicamente a Madudro y había estado en contacto con los servicios de inteligencia colombianos por años.

Antes de entregarse, Alcalá asumió la responsabilidad del envío de las armas que Álvarez habría ayudado a transportar, diciendo que pertenecían “al pueblo venezolano”. También despotricó contra Guaidó, al que acusó de traicionar un contrato firmado con “asesores estadounidenses” para derrocar a Maduro.

Estados Unidos niega cualquier involucramiento directo en la fallida incursión en Venezuela. Elliott Abrams, quien era el enviado de Trump para Venezuela, dijo el año pasado, en una respuesta escrita a preguntas del senador Chris Murphy, que lo único que sabían él y otros en el Departamento de Estado acerca de las actividades de Silvercorp en Colombia era lo que le preguntaba la AP.

Abrams aseguró no saber nada de los supuestos esfuerzos de Goudreau por conseguir armas y que no se le informó de reuniones entre representantes de Guaidó y contratistas de seguridad en suelo estadounidense relacionadas con una invasión.

Guaidó, por su parte, cuestiona la autenticidad de su firma en un acuerdo presentado por Goudreau con detalles sobre la operación para derrocar a Maduro. Dos colaboradores suyos que viven en Miami y que admitieron haber firmado el documento dijeron que suspendieron sus contactos con Goudreau casi seis meses antes de que se lanzase la misión suicida.

Goudreau admitió haber seguido adelante solo y en octubre demandó a un colaborador de Guaidó, el estratega político JJ Rendon, por 1,4 millones de dólares, aduciendo la rotura de un contrato. Su presentación de 133 páginas parece digna de una serie de Netflix llena de intrigas, que tiene de todo, desde pistas de aterrizaje clandestinas hasta asistentes del vicepresidente estadounidense Mike Pence. Goudreau dice en ese documento, sin ofrecer pruebas, con excepción de algunas reuniones que mantuvo con dos funcionarios de Trump, que el “plan de Alcalá” había sido aprobado por el gobierno estadounidense.

El FBI, no obstante, había estado investigando a Goudreau por tráfico de armas, según dijo a la AP una fuente de los servicios policiales el año pasado. En mayo confiscó 50.000 dólares al allanar un departamento de Miami donde vivía, de acuerdo con declaraciones de su abogado a la AP. No se dio razón alguna para la confiscación y el FBI devolvió el dinero poseriormente, según el abogado.

“Creemos que el allanamiento se hizo con el fin de provocar una respuesta violenta”, declaró Gustavo García Montes a la AP, agregando que su cliente ya había estado en contacto con los investigadores y estaba cooperando. Ni Goudreau ni nadie ha sido imputado en relación con este asunto.

HÉROES PARA ALGUNOS

En Colombia, Álvarez y los otros imputados son por ahora los únicos encausados por la Operación Gedeón.

Álvarez dijo que irá a juicio, mientras que los otros tres imputados consideran un arreglo extrajudicial. El abogado de Álvarez dijo que los acusados están protegiendo a Guaidó, señalando como prueba el hecho de que previamente fue dirigente de un partido opuesto a Maduro y que desde que emigró a Colombia ha estado manejando casos de la embajada que responde a Guaidó en Bogotá. El abogado, Eduardo Céspedes, dice que solo trata de evitar que sus clientes reciban condenas largas, pero que confía en que serán exonerados si el caso va a juicio.

Para algunos, Álvarez y los demás imputados son verdaderos héroes.

“En Venezuela, todos en Twitter luchan contra la dictadura, pero estos valientes hombres y mujer arriesgaron sus propias vidas”, expresó el capitán retirado venezolano Javier Nieto, antiguo conspirador que apareció en un video junto a Goudreau en la Florida el día de la fallida invasión y pidió mesura. “Como no funcionó, Colombia, para salvar la cara ante la comunidad internacional, tuvo que hacer arrestos para agarrar a quienquiera que pudieran encontrar mientras los cobardes que traicionaron sus propias promesas permanecen intocables”.

Las pruebas contra Álvarez incluyen videos de cámaras de seguridad en un edificio de departamentos en los que se la ve entregando pesadas bolsas a una persona que horas más tarde sería detenida transportando armas.

Ella dice que no sabía lo que había adentro de las bolsas, que supuestamente fueron dejadas en su departamento por varios conspiradores siguiendo instrucciones de Alcalá mientras ella se encontraba en España.

“Me querían matar por haber ayudado a unos militares venezolanos que confiaron y creyeron en la palabra de Juan Guaidó cuando les dijo ‘pónganse del lado correcto de la historia’”, expresó Álvarez al borde de las lágrimas antes de que la llevasen de nuevo a su celda oscura. “Si voy a pagar 15 años de cárcel por eso, bueno, así será”.