La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró que al planificar y ejecutar un fraude en un sorteo, los imputados del Caso 13 afectaron la credibilidad de la Lotería Nacional.

“Basándose en el hecho que la entidad que ha resultado afectada con la perpetración de este hecho, ha sido precisamente una entidad pública, la afectación de la credibilidad de los ciudadanos en esa entidad pública, le da facultad al Estado para querellarse, porque se ha dañado su imagen, se ha dañado su honor”, precisó Ortiz.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) explicó que en la audiencia de este jueves la barra de abogados del Estado, presentó su querella contra los involucrados en el fraude, así como sus pretensiones civiles.

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Señaló que con el accionar corrupto y fraudulento de los imputados, también se vio afectada la confianza de los ciudadanos que “acudían diariamente a comprar billetes de lotería con la esperanza de tener un premio”.

“Esa afectación de esa imagen y ese derecho es lo que le da la facultad al Estado para querellarse en resarcimiento al daño causado”, dijo Ortiz, al responder a los periodistas que la abordaron al salir de la sala de audiencia ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en donde litigó en compañía de los fiscales Yudelka Holguín Liz, Alexis Piña y Miguel Crucey.

La acusación presentada por el Ministerio Público, tiene como principal imputado al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.

En marzo pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal contra los 11 involucrados en el fraude a la Lotería Nacional y a las bancas de juegos de azar, cuyo monto defraudado asciende a más de 500 millones de pesos.

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Por el hecho, junto a Dicent, guardan prisión preventiva como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

A los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio les fue dictada la prisión domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa, cuentan con presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción.

A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía por este mismo tribunal a solicitud del Ministerio Público.

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce esta instancia del proceso acusatorio, suspendió la audiencia de este jueves y fijó su continuación para hoy viernes 1 de julio, a las 9:00 de la mañana.

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