La continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue siendo incierta porque dependerá de la decisión del Parlamento, donde diputados salpicados por corruptela se oponen a que siga en el país.

La incertidumbre sobre la continuidad de la Maccih, que se instaló en Honduras en abril de 2016, ha surgido porque el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo a finales de diciembre de 2019 que del nuevo convenio, que se estaría suscribiendo este mes, “va a salir algo más amplio y compresivo».

Una ampliación modificada del actual convenio, que en enero de 2016 firmaron en Washington por cuatro años el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, debe ser aprobada por el Parlamento de Tegucigalpa. Pero resulta que la Maccih es como un azote para varios diputados hondureños, algunos de ellos del gobernante Partido Nacional, que han sido denunciados por supuestos actos de corrupción investigados por la Misión de la OEA con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), del Ministerio Público.

“El Compromiso de Lima Contra la Corrupción, las recomendaciones de la Mesicic (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción) y los informes de evaluación de lo logrado hasta ahora, son insumos importantes para un nuevo instrumento que nos permita como país seguir avanzando por la transparencia con el apoyo de la OEA”, dijo Díaz el 27 de diciembre. Ese día, la OEA y el Gobierno de Honduras, en una reunión en la que también participó el canciller hondureño, Lisandro Rosales, comenzaron en Washington los diálogos formales sobre la segunda etapa de la Maccih, cuyo mandato está por expirar.

DEBILITAMIENTO DE LA MACCIH Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas universidades, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Coalición por la Renovación de la Maccih, le han pedido a las misiones de la OEA y el Gobierno de Honduras que renueven de manera “inmediata y sin cambios” el convenio del mecanismo anticorrupción.