Difícilmente se registre en otra parte del mundo un comportamiento tan errático, tan propenso a una ligereza rayana en la irresponsabilidad y tan incomprensible, como el de la generalidad de nuestra clase política, sin importar signo o color. En ningún país medianamente “normal” se hubiese asumido el tema de una institución básica para la administración del Estado, como la Cámara de Cuentas, con la ligereza que aquí se ha tomado. Resulta incompresible que una numerosa comisión de la Cámara de Diputados, sin medir consecuencias legales y políticas haya llegado al punto proponer al pleno de esa cámara el sometimiento a juicio político al pleno de la CC.

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La comisión de diputados que recomienda juicio político al pleno de la CC lo hace bajo el alegato de que este cometió “faltas graves” en su desempeño. A tal propósito, el diputado José Horacio Rodríguez, miembro de la referida comisión y que votó en contra de la propuesta de esta, dice que en el caso en cuestión, en la Constitución ni en ninguna ley se encuentra una tipificación de falta grave que justifiquen un juicio político. También, que las atribuidas faltas cometidas en el discurrir de la CC, podrían ser de manejo administrativo, de simples normas de relaciones interpersonales, pero no dolosas para ser consideradas “graves”. Por consiguiente, no existe ningún asidero legal que haga viable y mucho menos sostenible la medida recomendada por la referida comisión. La recomendación de juicio político es inviable, dada la correlación de fuerzas en el Congreso. Para que este se haga se requiere de una mayoría calificada y, por ahora, esta nadie la tiene. De formarse, cuál sería la causa para condenar a los miembros de la CC que la disolvería ipso fatto, ¿unas “faltas graves” jurídicamente insostenibles? Conocer y aprobar un juicio político se lleva un tiempo que no es corto, y se agrava porque coincide con el inicio de un proceso electoral y porque dificulta el discurrir de un Ministerio Público enfrascado en una titánica lucha contra la corrupción.

La discrecionalidad de los legisladores para llevar el tema tuvo resultados/objetivos que no se corresponden con el sentir de amplios sectores, fuera y dentro del Gobierno, que hicieron posible que el PRM hoy sea poder. La inhabilitación total de la CC beneficia a la oposición porque así desde dentro, no tiene que estar saboteándola permanente. Finalmente, por cómo se ha llevado el proceso, la actual inhabilitación de la CC es esencialmente responsabilidad del Gobierno y su partido. Con eso se abren un incompresible flanco de debilidad, un innecesario ruido que afecta todo intento de impulsar la necesaria gobernanza para la institucionalidad del país.