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Ha generado descontento en la ciudad de Santiago de los Caballeros la puesta en libertad de siete exempleados de la Dirección General de Aduanas (DGA), acusados de robar 156 mil dólares que trajo como “mula”, Rosairy Mercedes Quezada por el Aeropuerto del Cibao en esta ciudad.
Varios juristas entrevistados atribuyeron el hecho a debilidades propias del sistema judicial dominicano, así como a deficiencias del Ministerio Público por no fundamentar bien los procesos judiciales.
Dijeron que la justicia está permeada por los agentes del poder y que en República Dominicana existe una política de impunidad, país en el que los protegidos de “un régimen corrupto y dictatorial no pueden ser tocados”.
La decisión de liberar a Luz Carolina Infante, Ramón Hipólito Henríquez, Benito Henríquez Tejada, Domingo Pilarte, Marcos Felipe, Mairelin Rodríguez Batista, Leovigildo Ubiera, fue de la jueza Ingrid Liberato, del Tercer Juzgado de la Instrucción, quien basó su fallo en que no encontró elementos probatorios contra éstos.
El hecho se produjo el 29 de junio del 2015, luego de publicar un video en las redes sociales en el que aparecen varios empleados de esa institución estatal, repartiéndose el dinero.
Se recuerda que los imputados guardaban una prisión preventiva por 12 meses, impuesta por el Tribunal Colegiado de la Cuarta Cámara Penal de Apelación de Santiago.
