En plena Semana Santa escribimos sobre la inflación, la propuesta de ley para la importación temporal de unos 67 productos de la dieta de los dominicanos y concluimos en que el país estaría importando inflación porque el fenómeno es en todo el mundo y más agravado por la guerra entre Ucrania y Rusia, dos naciones proveedoras importantes de cereales, grasas comestibles y combustibles.

Con la promulgación de la Ley 6-22, del 27 de abril del presente año, 67 productos podrían ser importados libres de impuestos, y entre estos figuran rubros producidos en el país como el pollo y el pan. Lo pertinente era y es liberar de arancel la materia prima como vía para hacer sostenibles los precios justos de estos productos.

El 24 de mayo, el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores recordó que la capacidad instalada para la producción de pollos es de 23 millones mensuales y que en la actualidad entran al mercado 19.5 millones. El pollo sigue caro.

Los productores locales reclaman que se libere de impuesto el maíz, el trigo y la soja, con lo que se evitaría alzas en el precio del alimento.

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El reglamento a la Ley 6-22 todavía no ha sido dado a conocer; se trata de las reglas para aplicar la tasa cero al listado de los 67 productos que estarán liberados de impuestos por un periodo de seis meses. Sin embargo, el pasado martes el Ministerio de Agricultura emitió la resolución 03/22 para permitir la importación de pollos, leche en polvo y frijoles mediante el sistema de cuotas.

El tema de los precios tiene un gran peso político porque impacta en el presupuesto de la mayoría de los dominicanos, y de ahí se explica el interés de la administración por buscarle la vuelta al problema. Este país sufrió la crisis Subprime del 2008, la crisis de los cereales que vino detrás, y no lo sentimos tanto porque había una buena producción local de la mayoría de los productos que componen la dieta de los dominicanos.

Por esa razón advertimos en abril que lo ideal es fortalecer la producción local por nuestra condición de isla, por la economía de servicios que nos gastamos y la posibilidad de suplir la demanda de los millones de turistas y visitantes de los que dependemos económicamente y, en lo posible, equilibrar la balanza comercial exportando los excedentes por lo menos a las islas cercanas.

El precio de los alimentos no es un asunto de percepción, es la realidad con la que nos enfrentamos cada vez que se agota un producto en la casa y cuando se va a reemplazar nos encontramos con que está más caro.

Una sugerencia que hemos hecho es que los productos que ingresen con tasa cero deberían tener el precio sugerido por lo menos, es decir, que el sacrificio que hace el Gobierno dejando de percibir ingresos fiscales, repercuta realmente en el freno de la inflación. Dejarlo a la libre competencia no tendrá el efecto que busca el Gobierno para frenarla.

La crisis de los alimentos va para largo, debemos prepararnos en todos los sentidos para hacerle frente al fenómeno de los precios, ser proactivos, no reactivos y si nos preparamos para lo peor, el golpe podría ser amortiguado.