Inseguridad

POR BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
¿En virtud de qué puede y debe actuar un funcionario público? Conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes. Esas actuaciones deben ser respetadas, aunque pueden y deben ser investigadas y cuestionadas, a fin de garantizar la seguridad jurídica en la nación. Nuevamente somos víctimas de una conspiración que pretende convertir en bueno lo que es malo y en sano lo que es perjudicial. Eso no es nuevo aunque ahora se hala la soga de tal forma que mañana, quienes hoy tienen la sartén por el mango van a ser víctimas de sus  actuaciones.

Aquí aún se está por determinar si las actuaciones legales de un gobierno van a ser aceptadas por otro. Imagínese cuán atrasados estamos.

Ello, sin que haya una instancia donde se resuelva la pertinencia o no de las actuaciones de los funcionarios.

En 1986 el presidente Joaquín Balaguer suspendió las exoneraciones e impuestos únicos concedidos por el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco.  Jorge Blanco no hizo nada que no hubiera hecho  Balaguer, durante sus largos, tortuosos, tormentosos y terribles 12 años de gobierno, cuando concedió toda suerte de exenciones de impuestos y rebajas en el pago de aranceles para importación de cualquier cosa.

Desconozco si alguien ha sometido una instancia a la Suprema Corte de Justicia contra una decisión de esa naturaleza.

Ahora se presenta el asunto desde otra perspectiva: en principio, todo lo que hizo el gobierno el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, huele a podrido, estuvo mal, lo cual no es cierto.

Durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, 1996-2000, a se revisaban los furgones de importaciones de manera aleatoria, lo cual se presta para toda suerte de trampas, contrabandos consensuados y vagabunderías de todo género.

Si se revisaran las importaciones contenidas en los furgones no revisados se vería que, en muchos, en aquellos que aleatoriamente no debían ser revisados, donde decía compota se traían licores de gran valor, ¡ay mamacita!

Esa decisión de las autoridades y otras tan o más graves, fueron respetadas por aquello de la continuidad del Estado, aunque el tratamiento a las importaciones fuera otro.

Hay que averiguar qué no se dijo de una auditoría realizada al  Consejo Estatal del Azúcar al final del gobierno de 1986-90 ó 1990-94, cito de memoria. Y eso se quedó así, dentro de la telaraña de quienes roban y se tapan unos a los otros.

Ahora se revisan acciones del presidente de la República y de funcionarios de actuaron conforme a procedimientos y a leyes que regulan los departamentos que les tocó dirigir, lo cual crea una situación de inseguridad jurídica peligrosa.

Obviamente, faltan mecanismos de control que funcionen con suficiente fuerza moral y física como para evitar que sólo quieran hacer negocios con el gobierno los corruptos, los apoyados,  aquellos capaces de nadar con las ropas puestas en aguas sucias y putrefactas y salir limpios y secos.

Mientras, no tengo ninguna certeza de que lo que hace este gobierno no será desconocido por el que venga. Porque, algún día los gobiernos se acaban.