Procuraduría General de la República investiga principales casos de corrupción, pero aún no ha precisado con exactitud la cantidad de dinero recuperado por casos de presunta corrupción. (Fuente externa).
La Inspectoría General del Ministerio Público investiga a los fiscales actuantes en los casos de Eusebio Rosario acusado de matar a su pareja asestándole 297 puñaladas y cuya medida de coerción le fue variada de prisión preventiva al pago de una garantía económica.
También, el de los dos barberos en cuyo negocio una fiscalizadora y miembros de la DNCD le implantaron droga, y el expediente fue archivado.
El caso de Rosario, acusado de asesinar a Carmen Paulino (Rafaelina) y cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la cisterna de su vivienda, ocurrió en el 2021 en San Francisco de Macorís, y se le impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción.
Puedes leer: Demandarán abogado Félix Portes por «indefensión» caso peluquería Villa Vásquez
Esta semana el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la provincia Duarte, le varió esa medida por una garantía económica de RD$3 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, supuestamente a solicitud del representante del MP.
Igual ocurrió en el caso de los dos barberos de Villa Vásquez, Montecristi, quienes se querellaron contra la exfiscal Carmen Lisset Núñez y los agentes de la DNCD Víctor Encarnación, Juan Heredia, Adán Rodríguez y Juan Arias, todos absueltos por el citado tribunal colegiado.
El titular de la inspectoría general del MP es Juan Medina.
Le puede interesar: Defensa Piccini: MP se guardó pruebas de los reales culpables
La procuradora Miriam Germán Brito dijo en un comunicado que desde que tuvo conocimiento de lo sucedido “instruimos al inspector Juan Medina de los Santos para que levante las informaciones que puedan establecer si hubo una actuación indebida que lleve a los órganos superiores del MP a tomar los correctivos de lugar”.
En la audiencia, celebrada el 3 de este mes, el MP estuvo representado por el procurador de Corte de Apelación, Jesús Báez Tapia, quien dijo que retiró los cargos contra los implicados porque la prueba del video era “indiciaria” y estaba condicionada a un testimonio que no logró.