Inspectoría MP pide Consejo suspenda procurador de SPM

Inspectoría MP pide Consejo suspenda procurador de SPM

Fachada. Suprema Corte de Justicia (SCJ) y Procuraduria General de la Republica. El Nacional/ Jorge Gonzalez. 18.06.2009. Archivo.

La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) la suspensión sin disfrute de sueldo del procurador general titular de la Corte de Apelación Regional de San Pedro de Macorís, Roberto Encarnación del Monte, hasta que concluya una investigación disciplinaria en su contra luego de que liberara a dos detenidos a quienes se les iba a conocer medidas de coerción.

El inspector general, Juan Medina de los Santos, hizo la petición a través de una comunicación dirigida al CSMP, al que le informa sobre el inicio de la investigación que lleva a cabo a raíz de una denuncia formal recibida el 28 de diciembre del pasado año.

Encarnación del Monte, según un auto emitido por la Dirección General de Persecución, se encontraba de licencia médica y, no obstante, dispuso la puesta en libertad de los señores Luis Méndez y Víctor Méndez, detenidos en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís.

Sobre los beneficiados pesaba la orden de arresto número 02709-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por la Oficina de Atención Permanente de SPM ante una querella presentada por el señor José Osiris Méndez Féliz.

La Inspectoría indicó que el incumplimiento de esas obligaciones ha afectado gravemente los derechos del señor José Osiris Méndez Féliz, así como a la institución, ya que no se pudo conocer medida de coerción para la protección de los derechos de la víctima.

Detalla que luego de recibir la denuncia sobre las supuestas irregularidades realizadas por Encarnación del Monte, se inició la etapa indagatoria, la cual arrojó que existen elementos suficientes para sostener que el investigado actuó contrario a la norma.

Durante sus investigaciones, la Inspectoría ha podido establecer que dicho funcionario “mantiene una conducta arbitraria, agresiva, intimidatoria, amenazante y desafiante” en contra de los miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de la población en general.

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