El Gobierno tratará de reducir el gasto tributario en adición al ahorro que se busca con la reforma en la administración pública

La afirmación hecha por el presidente Luis Abinader el pasado lunes en el encuentro La Semanal de que el sector privado «tendrá que hacer sus sacrificios», al igual que el Gobierno, para apoyar su anuncio de que en la reforma fiscal se eliminaría «gran parte» de las exenciones que disfrutan diversos sectores empresariales y comerciales en el país, revela que el Gobierno tratará de reducir el gasto tributario en adición al ahorro que se busca con la reforma institucional en la administración pública.

Se pone así atención a la exhortación de los principales organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que abogan para que la reforma aumente los ingresos de manera duradera para asegurar la consolidación fiscal.

El gasto tributario que generan constituye una carga enorme para las finanzas públicas: de alrededor del 4.5% del PIB, y absorben el 30% de los ingresos tributarios, mayor al promedio de la región, que es de alrededor del 15%.

Esto de ninguna manera debe llevarnos a extremos.

Lo ideal sería que el mantenimiento o eliminación de exenciones fiscales se haga sobre la base de un análisis costo-beneficio de cada una de ellas, preservando aquellas con externalidades positivas superiores a las negativas y eliminado las que arrojan como resultado lo contrario.

Como advierte un estudio del Banco Mundial, los incentivos fiscales pueden abordar las externalidades negativas que limitan las inversiones, determinan su localización y desalientan la creación de empleos, pero no deben constituirse en un sustituto deficiente de un sistema fiscal disfuncional.

El estudio es más explícito aún al afirmar que los incentivos no deben ser utilizados “como Deus ex machina que resolverá todas las deficiencias estructurales de la economía. Los incentivos fiscales no son y no pueden ser un sustituto de las reformas estructurales.