Con entrevistas a cuatro de 12 personas como testigos a cargo, la Procuraduría General de la República dio inicio ayer la investigación sobre el supuesto abuso laboral e insinuaciones de índole intimo en que habría hecho el presidente de la Cámara de Cuentas (CC), Janel Ramírez Sánchez, en detrimento de dos abogadas de la institución.

Carlos Hernández, Loida Josefina Mejía Soto, secretaria de la Dirección Jurídica; Fernelis Ortìz y Roberto Reyes fueron entrevistados por los procuradores adjuntos Fernando Quezada, director de litigación de la jurisdicción privilegiada, e Isis de la Cruz Duarte, a quienes la procuradora general Miriam Germán Brito les asignó el caso.

A su salida los abogados de las querellantes Juan Francisco García y Julio Cordero, quienes acompañaron a los testigos, dijeron que las pruebas testimoniales contra Janel Ramírez continuarán hoy y mañana en la Procuraduría.

La querella contra el presidente de la CC fue interpuesta por Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, a través de los abogados García y Cordero. En la misma se indica que el supuesto acoso del funcionario comenzó en el mes de diciembre del año 2021.

Entre los empleados de la Cámara de Cuentas propuestos por ellas para testificar a su favor que están pendientes de ser entrevistados en la Procuraduría General de la República figuran Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro secretaria del pleno; Clarisbella Paulino García, Carlos Jafet Hernández Batlle, abogado ; Jhonny Alfry García Ramírez, asistente de la Secretaria del Pleno; y Loida Mejía Soto, secretaria de la Dirección Jurídica.

Testimoniarán a favor de las querellantes, además, Luis Eduardo Fernández Henríquez, encargado División Jurídica de Auditoría; Roberto Reyes Pérez, director jurídico interino; los abogados Dionisio de Jesús García Santos y Dolores Rosario Batista, Víctor Sosa y el sicólogo Eddy Paulino.

En la citación de los testigos, la procuradora adjunta, Isis de la Cruz Duarte, aseguró que se actuará para dar cumplimiento a la norma procesal penal, por la violación del artículo 333.2.