El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Camaleón, en la que arrestó a siete personas vinculadas a una compleja red de corrupción y crimen organizado.

Entre los cargos figuran desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica mediante alta tecnología y robo de identidad.

Las investigaciones señalan al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) como el epicentro de una trama de corrupción que comprometió la transparencia de un proceso de licitación.

Bajo la gestión de Hugo Beras, el organismo modificó los requisitos para favorecer a la empresa Transcore Latam S.R.L. en la licitación para la “modernización del sistema de tráfico”, una operación que carecía de justificación técnica o financiera adecuada.

En enero de 2023, Beras solicitó al director administrativo y financiero del INTRANT, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y a Frank Atilano Díaz Warden coordinar la contratación del proyecto, a pesar de que no existían informes que avalaran los costos.

El Comité de Compras y Contrataciones, a través del acta núm. 0002-2023 del 17 de febrero de 2023, aprobó la licitación y designó a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda como coordinador de los peritos, una decisión que comprometió la imparcialidad del proceso al haber sido Baquero quien inicialmente solicitó el procedimiento.

Uno de los puntos más escandalosos de la investigación es que los requisitos de experiencia para la licitación fueron drásticamente reducidos para beneficiar a Transcore Latam S.R.L.

Inicialmente, se exigía una experiencia mínima de 15 años, pero esta se redujo a un solo año. Además, otros requisitos clave, como el número de controladores a nivel mundial y el mínimo de intercepciones, también fueron rebajados, permitiendo que la empresa cumpliera fácilmente con los criterios.

El proceso de licitación mostró más señales de irregularidades cuando solo dos empresas presentaron ofertas: Transcore Latam S.R.L. y el Consorcio de Seguridad Sostenible.

Sin embargo, Edwin Yeara, representante de este último, tenía vínculos con Mario Alcalá, relacionado a su vez con Transcore Latam S.R.L., lo que levantó sospechas de conflicto de interés.

Durante las pruebas de concepto, Transcore no participó formalmente, y el Consorcio no presentó los elementos requeridos, lo que sugiere una coordinación entre las partes para legitimar la adjudicación a Transcore.

La Operación Camaleón ha destapado un entramado de corrupción que afecta no solo al INTRANT, sino también a la integridad de los procesos licitatorios y la infraestructura del sistema de tráfico del país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar por completo esta red criminal.