Una investigación de la Cámara de Cuentas arrojó que algunas áreas protegidas no tienen planes de manejo ni personal y recursos financieros suficientes para su gestión, así como ausencia de estructuras administrativas en esos espacios.

Incluso, de las que cuentan con planes de manejo, algunos están vencidos y su implementación no llega al 60%. Tales son los casos de los parques nacionales Cotubanamá, José del Carmen Ramírez, Los Haitises y Montaña la Humeadora. Este último no pasa del 30% su aplicación.

Se trata de una auditoría realizada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sinap), durante el período comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2019.

También se detectó equipos y mobiliarios insuficientes para las necesidades de la gestión, tales como infraestructura de vigilancia, identificación, uniformes, equipo de comunicación, binoculares, cámara fotográfica, medio de transporte, equipo de posicionamiento geográfico (GPS) e instrumentos de protección.

Se determinó que en 14 espacios en conservación se practica agricultura y ganadería de forma irregular, tales como en de Las Neblinas, Hoyo Claro, Loma Quita Espuela, Las Dunas las Calderas, Loma Charco Azul, Salto de Socoa, Salto de Jimenoa, Armando Bermúdez, Saltos de Jima, Los Haitises, Manglares del Bajo Yuna, Laguna Saladilla, Valle Nuevo y Cerros de Chacuey.

Puede leer: Raquel Peña queda a cargo provisionalmente del Ministerio de Medio Ambiente

Además, que los límites territoriales de Áreas Protegidas no contribuyen al logro de objetivos y tienen debilidades en su demarcación y señalización.

Adicionalmente, se determinó que el monitoreo sobre deforestación y especies en peligro de extinción es insuficiente. Igual la ausencia de infraestructura de apoyo a la investigación, falta de priorización e identificación de necesidades de estudios.

Al menos 20 áreas protegidas se encuentran ocupadas irregularmente por comunidades, a la vez que se detectó la ausencia de instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales.

Otro de los problemas documentado es el solapamiento o superposición en las normativas de unas áreas protegidas en otras, citando los casos de la Reserva Forestal Hatillo, que se creó dentro de los límites del Parque Francisco Alberto Caamaño Deñó y el caso del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, que quedó incluido dentro de los límites del Santuario Marino del Norte.

Los auditores indicaron que no pudieron evidenciar una estrategia de turismo en áreas protegidas que permita establecer un modelo de desarrollo sostenible que impacte a todos los niveles sociales y económicos de las distintas regiones.

Tampoco políticas de ordenamiento territorial y uso de suelo, con el objetivo de gestionar y aprovechar sus recursos para mejorar condiciones de vida.