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Las muertes violentas, sicariato, tiroteos indiscriminados y secuestros son solo algunos de los delitos que han generado preocupación en los últimos meses, sobre todo por la facilidad con que los imputados en estos hechos recuperan su libertad, un trabajo de investigación presentado por el programa El Informe con Alicia Ortega.
Millonarias sumas en efectivo, fusiles y pistolas de diferentes marcas y calibres sin registro, miles de cápsulas, cientos de cargadores y hasta radios de comunicación confiscados forman parte de casos que se encuentran bajo investigación en la inspectoría del Poder Judicial.
Los hechos, calificados como graves por el Ministerio Público, tienen la particularidad de que los procesados reciben garantías económicas como medidas de coerción, es por esta razón que los fiscales dicen que los sospechosos salen por la puerta grande.
Uno de los casos, una investigación conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Publico y agencias de los Estados Unidos, involucra un cargamento de armas y pertrechos militares introducidos al país ilegalmente por diferentes aeropuertos, en ocasiones utilizando cajas de comida, específicamente en latas de salsa de tomate o maíz al estilo mexicano.
En el hecho, ocurrido en Santiago de los Caballeros, las autoridades cuentan con interceptaciones de llamadas que vinculan a los apresados. “Se hicieron allanamientos en el centro de Santiago y un allanamiento en una comunidad que se llama Borojol, en el municipio de Licey al Medio”, asegura Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago.
Como almacén los imputados utilizaban una finca localizada en Licey al Medio “Al momento de la ocupación y el arresto de los primeros imputados, en el lugar del allanamiento, pudimos detectar que venía en camino también otro cargamento de municiones, por lo que se produjo un allanamiento en Santo Domingo, en una compañía de shipping, y todas esas evidencias fueron presentadas al tribunal”, asegura Bonilla.
A través de una empresa denominada Quisqueya Shippig el grupo recibía tanques conteniendo el material incautado por las autoridades. “Para el Ministerio Público fue bastante indignante que se le diera a algunos imputados libertad pura y simple y al otro imputado una garantía económica en una medida coerción, que conoció la juez de atención permanente, alegando que nosotros habíamos violentado el domicilio de ese imputado porque habíamos allanado en una dirección que no era la que para la que estaba motorizado», dice Bonilla.
En su decisión la juez del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, Yiberty Marín Polanco Herrán manifestó “Si bien estamos ante una ocupación de armas de guerra, municiones y otros objetos contrarios a la ley penal, dicha ocupación fue realizada de manera irregular atentando contra el principio de la inviolabilidad del domicilio. Pues la misma ha quedado comprobada que fue ejecutada en un paraje perteneciente a una jurisdicción distinta a la autorizada, es decir, en Espaillat Moca. Esta ilegalidad no puede ser ignorada por esta juzgadora, ni tampoco tomada a la ligera, pues de dichas ilegalidades se desprendieron otras actuaciones, aparte de las ocupaciones, tales como el arresto del ciudadano Gregory Alberto Diplan”.
Bonilla sostiene que demostraron que allanaron en la dirección correcta y por esto la decisión de la jueza Polanco fue revocada en apelación.
Otro caso, ocurrido igualmente en Santiago también terminó de manera laxa en los tribunales. Se trata de la Operación Falcon, en la que fue detenido el exdiputado y en ese momento director de Comunidad Digna, Juan Maldonado.
En este caso el juez Job García Hurtado le otorgó la libertad, que posteriormente fue revocada por la corte. El juez alegaba que ya las diligencias que el Ministerio Publico había hecho con respecto a ese imputado se había cumplido y que no representaba peligro para la investigación, aunque Bonilla sostiene que el Ministerio Publico aun estaba en la etapa de presentar su auto conclusivo.
“Se trata de un imputado con muchísimo arraigo en la organización, un imputado con muchísimas vinculaciones políticas que de alguna manera la organización utilizaba para operar en todo su tiempo que operó y el imputado es una pieza clave en ese entramado porque dirige a través de sus familiares, empresas y compañías donde se lava el dinero que la organización recaba del tráfico de droga por lo que nosotros entendimos que no llevaba razón el juez para variarle la medida, apelamos la decisión y la corte muy decentemente acaba de revocarla y lo devolvió a prisión”.
El magistrado García Hurtado asegura que el Ministerio Público tuvo un año para investigar “El tribunal le dio cuatro meses más, una prorroga por lo complicado del caso y el día 28 de septiembre de este año ese periodo se venció. Esa revisión a la que se refiere el Ministerio Publico fue hecha en octubre, o sea que ellos ya habían depositado acusación”, asegura el magistrado García Hurtado.
En el caso Falcon el juez García Hurtado también varió las medidas de Julio César Jiménez Talavera y Luis Daniel Nieves Bautista, según el fiscal Bonilla, sin notificar al Ministerio Público.
El mismo juez García Hurtado conoció la revisión de otros imputados por narcotráfico de Santiago, específicamente el de Roberto de Jesús Portes Cruz, un caso que, según fiscales, involucra 75 paquetes de cocaína, dinero, vehículos, entre otras evidencias. “Es un caso grave, de mucha droga y de narcotráfico a gran escala, en donde el imputado le fue variada la medida por una juez por 30 millones de pesos en efectivo y el juez le cambió la modalidad de la garantía económica por una garantía a través de compañía, alegando que los 30 millones eran a través de compañía también, lo cual constituye una irregularidad”, dijo Bonilla en el programa El Informe con Alicia Ortega.
Como prueba de la notificación a los fiscales, el magistrado García Hurtado envió a Ortega una instancia sobre Solicitud de Revisión de Medida de Coerción con fecha del 30 de marzo de 2022, sin embargo, fue el 17 de enero de 2022, cuando fue variada la garantía económica de 30 millones de pesos en efectivo a 15 millones de pesos, pagaderos por compañía aseguradora. Es decir, más de dos meses antes de la instancia enviada por el juez.
Ese imputado también fue beneficiado con un cambio de domicilio desde Santiago hasta región Este, que según el Ministerio Publico, es la jurisdicción donde opera su sistema de criminalidad organizada.
“Y más que eso, luego que se le cambia el domicilio, se le quita las restricciones que tenía el grillete para que no se moviera de su casa, para que pudiera movilizarse en el país entero. No obstante, la defensa del imputado haber solicitado que se le diera un permiso para ir al médico. Todas estas irregularidades fueron dadas sin la participación del Ministerio Público, lo cual nosotros catalogamos de muy grave, por tratarse evidentemente de un proceso de crimen organizado y de narcotráfico que nosotros sabemos lo que implica” dice Bonilla.
Las quejas también llegan desde el nordeste del país, específicamente en la Provincia Duarte. La fiscal Smaily Rodríguez, fiscal titular de Duarte, pone como ejemplo un caso registrado en enero pasado en Las Guáranas en el que tres personas fueron detenidas transportándose en un vehículo, con dos fusiles, sin seriales, los cuales portaban sin ningún tipo de documentos.
Rodríguez dijo a la periodista Alicia Ortega que, al presentar la medida de coerción, pese a la gravedad de los hechos, el juez Darvin López decidió no imponer prisión.
El magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y presidente de la Corte de Apelación confirma que ha recibido quejas. “Yo soy un juez de 30 años y desde el año 2000 y 2007 yo soy el presidente de la Corte y obviamente que vendrá una preocupación de algún ciudadano, de una parte, de un proceso dentro de esa parte, una de las partes, el Ministerio Público.
Otro de los casos que llama la atención es el de Hamlet José García, también en San Francisco de Macorís, a quien pese a estar en libertad condicional por el homicidio de Kelvin Santos, se le ocupó un fusil calibre 308, con su cargador y 20 capsulas para el mismo, una pistola Glock calibre 45 con su cargador y 11 cápsulas y una pistola calibre 38 con su cargador y 9 cápsulas.
“Yo dije bueno, gracias, señor, ya va a empezar a pagar, eso fue lo que yo pensé porque yo nunca en la vida podía pensar que lo iban a soltar, que lo iban a soltar así, allanándole su casa y encontrándole las armas que el portaba en su casa”, asegura María Henríquez, madre del joven asesinado por García.
La fiscal Rodríguez asegura que fue el mismo juez Darwin López quien le impuso como medida de coerción el pago de una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica por seis meses, pese a que existen videos de García, arma en mano, intimidando a testigos del caso de homicidio.
Tres casos de armas de alto calibre y pistolas en dos meses en la provincia Duarte, en un tercero se ocuparon, según las autoridades, cuatro pistolas sin documentos, sus cargadores y equipos de comunicación. Entre los acusados se encontraba Wilman González Paulino, que también se encontraba en libertad condicional.
En este caso, también el juez Darwin López del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, impuso una medida de coerción de 500 mil pesos en efectivo y presentación periódica por seis meses. López, inicialmente accedió a una entrevista con El Informe, luego declinó.
En este último caso con fecha de marzo, el Ministerio Público apeló la decisión y aun no les han fijado audiencia. Igualmente, en el caso de enero de Las Guáranas, la apelación fue sometida el 31 de enero y más de 10 meses más tarde, tampoco se la fijado fecha de audiencia.
El artículo 414 del Código Procesal Penal establece que “Cuando se recurra una decisión que declara la procedencia de la prisión preventiva o del arresto domiciliario o rechace su revisión o sustitución por otra medida, el juez envía de inmediato las actuaciones y la Corte fija una audiencia para conocer del recurso. Esta audiencia se celebra dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación del recurso si el juez o tribunal tiene su sede en el Distrito Judicial en que tiene su asiento la Corte de Apelación, o en el término de setenta y dos horas en los demás casos”.
Pese a reconocer que esto no debe pasar, Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, asegura que la dilación en la fijación de una fecha para el caso se debe a que “No ha entrado como recurso a la corte porque uno de los tres imputados, Jorge Luis Santiago, no ha sido notificado”.
Un levantamiento de sospechosos detenidos por el porte ilegal de armas de fuego realizado en octubre por la Dirección General de Inteligencia, Dintel, da cuenta que, de 74 casos con armas de fuego, 62 fueron sometidos. De estos casos 45 fueron beneficiados con libertad bajo fianza o garantía económica, casi un cuarto, 24.4%, en Santiago, y otro 20 % en La Vega, otros cuatro casos fueron favorecidos con presentación periódica, el 75 por ciento de estos en La Romana y a seis les dieron libertad pura y simple.
“Sí, ciertamente tenemos conocimiento de esos informes”, dijo a El Informe con Alicia Ortega, Jacinto Castillo Moronta es el Inspector General del Poder Judicial. “Estamos apoderado de algunas de esas decisiones. De hecho, la fiscal de San Francisco de Macorís nos ha apoderado de algunas. Hay algunos de esos casos que tiene consejero de la instrucción, hay otros que están en proceso de investigación y hay otros que ya se han cerrado. Es decir, que todo lo que se ha presentado como denuncia se investiga y se le da una respuesta”, sostiene.
Castillo Moronta dice que en 2019 recibieron unas 600 denuncias contra empleados incluyendo jueces, alguaciles ordinarios, letrados y Oficiales Públicos. La cifra dice bajó a la mitad en 2020 por la pandemia, pero nuevamente aumentó en 2021 y este año. “Es importante que sepa que en los últimos tres años el Consejo del Poder Judicial ha conocido 20 audiencias a jueces, de esas 20 audiencias sólo en un caso, solo en uno no se impuso sanción. En los últimos tres años de los juicios disciplinario que se han conocido, se han llevado a cabo siete destituciones y se han llevado a cabo otras tantas suspensiones.
