Jerusalén.– Janet Camilo Hernández, ministra de la Mujer de la República Dominicana, asegura que hay resistencia masculina a la incorporación de la mujer a la política, porque supone la pérdida de un espacio de poder a la que muchos no están dispuestos.
El primer reto para las mujeres en República Dominicana es “la participación política y el ejercicio del poder que propicien esos cambios”, dice la ministra en entrevista con Efe en Jerusalén, donde asiste a una conferencia de liderazgo femenino organizada por el Centro Carmel Mashav.
“Las mujeres tenemos el gran desafío en República Dominicana de seguir incursionando en la política, pero sobre todo, de que existan mecanismos que garantizan esta inclusión e igualdad de condiciones, tal como garantiza Constitución”, que establece la igualdad entre hombres y mujeres, algo que “aún no se ha puesto realmente en práctica».
Camilo, que también es vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y presidenta del Instituto Latinoamericano Mujer y Política, ve insuficiente la cuota de mujeres del 33% de su país e impulsa una reforma de ley electoral y de partidos para que esta se eleve al 50%, paridad que ya ha sido aprobada por el Senado pero aún ha de pasar por la Cámara de Diputados.
“La resistencia masculina continúa”, porque “cuando una mujer es elegida diputada, un hombre deja de ser diputado, ya que era un espacio totalmente masculino”, pero insiste en que el gobierno “trabaja para que la ley contemple lo que establece la Constitución- un 50-50%».
Feminizar el ejercicio político, argumenta “es feminizar la democracia, y feminizar la democracia es hacerla más inclusiva, más garantista de derechos para todo el bienestar ciudadano». “Hombres y mujeres podemos emprender el poder desde la igualdad, desde la inclusión de todos y todas” afirma, y asegura que no basta con tener los derechos sino que hay que tener “el acceso a esos derechos en igualdad de condiciones».
Otro reto para las mujeres en República Dominicana es la violencia de género, con “una de las tasas más altas en la región latinoamericana de feminicidios y una alta tasa de denuncias y violencia sexual».
“Estamos trabajando en la propuesta de una ley de violencia integral” que la trate “desde el ámbito interministerial, interinstitucional, pero sobre todo, intersectorial” e incluya la promoción de la salud, la educación para la prevención y un impulso a los gobiernos locales “para que las mujeres puedan tener empoderamiento económico, acceso a servicios y seguridad en las calles». “Se trata de una ley que refuerce la atención y prevención”, dice Camilo.