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Una de las manifestaciones de descomposición del modelo comunicacional reside en hacer de la opinión una fuente que prioriza la rentabilidad económica. Siempre, el espíritu empresarial ha servido de impulso al desarrollo de periódicos, emisoras de radio y televisión. Y podría tipificarse de ilusión el hecho de que los capitales invertidos no tiendan a producir beneficios. No obstante, lo que resulta chocante y perturbador es la fascinación por usar las herramientas informativas con la única intención de generar dividendos.

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El efecto reflejo que sirve de estímulo a la nueva camada de ejercitantes de la comunicación social está sustentado en los referentes de un «éxito » de sus colegas obtenidos, por la fuerza de la extorsión y/o opiniones favorables asociadas a la capacidad presupuestaria del adulado de turno. Miren la cantidad de programas que, con amparo de recursos públicos y orquestados por voceros de causas partidarias, llenan el dial y toman la pantalla chica desde tempranito hasta altas horas de la noche.

El dilema consiste en deslindar los campos entre el incuestionable derecho a opinar y la malsana intención de hacer del cuestionamiento al funcionariado la coartada perfecta para que le compren su silencio. De ahí la necesidad de desmontar al club de exponentes por excelencia de una jauría mediática dedicada a distorsionar la información, dañar reputaciones y actuar por mandato de terceros, subidos en la cresta de un pagador sin honor, porque nunca exhibe su cara de arquitecto del mal.

Al país le hace falta un periodismo riguroso con carácter investigativo real, alejado de cuentas publicitarias que impiden desenmascarar a los que apuestan a pagar para que nunca lo toquen. Admito que existen voces respetadas y esfuerzos por auscultar en la televisión los excesos y barbaridades de los administradores de la cosa pública. Ahora bien, un programa que investiga no puede asociarse como un auxiliar del Ministerio Público y creerse de punto de referencia irrefutable. Lo innegable es que, sin su trabajo inquisidor, el país no hubiese conocido una cantidad de actos de corrupción.

A lo que no podemos seguir exponiendo a la sociedad es a la instauración de una amplísima red de ciudadanos que deforman y degradan la actividad periodística, bajo la prédica de cobrar lo que dicen y pasar factura por lo que escriben. De seguir así, la comunicación social estaría estableciendo las bases del mayor proceso de descreimiento de la opinión pública. ¡Y ahí no podemos llegar!