Javier Herrera 
Un «Plan de Corrupción». Así denominó el Ministerio Público la creación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario cuya puesta en marcha fue anunciada en octubre del año 2018 por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, que buscaba, entre otras cosas, una reforma a la situación carcelaria del país.
Sin embargo, uno de los objetivos del exfuncionario era sacarle beneficios millonarios a esa obra a través de fondos que serían entregados por la constructora brasileña Odebrecht y para ello creó una red de personas que funcionaba como especie de pirámide que tenía tres niveles.
Esa es una de las acusasiones que pesan sobre el exprocurador y que se detallan en el expediente que preparó el órgano acusador contra Jean Alain y compartes en el caso Medusa.
Aunque no se materializó lo que presuntamente quería Jean Alain, de igual forma contó con la ayuda del entonces presidente de la República, Danilo Medina, para que el proyecto funcione.
Pero el Ministerio Público detalló la historia de cómo supuestamente operaba el presunto entramado criminal.
«El acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, S. A., en la página 15 establecía un calendario de pagos, con periodicidad anual, iniciando en enero del 2017 con
US$ 30,000,000.00, entregados a la firma del documento», dice el expediente acusatorio.
Dicho acuerdo económico se vislumbró como un negocio lucrativo, dice la acusación, para el entramado de corrupción que supuestamente operaba en la Procuraduría General de la República, dirigido por Jean Alain, con la coparticipación de los coacusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y de los señores Rafael Canó Sacco y Víctor Lora Imbert, Félix Rosario, Isis Tapia, Loanders Medina, Alfredo Solano «puesto que los fondos podían ser manejados como recursos directos de la institución».
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En el caso del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, él mismo buscaba adueñarse de un porcentaje amplio de los fondos del acuerdo, siendo declarado por los testigos como: “Una forma de capitalizarse para financiar sus aspiraciones presidenciales”, establece el órgano acusador en el expediente de más de 12 mil páginas.
El Ministerio Público añade que luego de que la constructora Odebrecht, S. A., realizara el segundo pago del acuerdo, por un valor US$ 30,000,000.00, a la Procuraduría los acusados anteriormente señalados, diseñaron un programa de construcciones y reparaciones, a ser desarrollados por la institución, que se dividía en tres ejes esenciales:
- Construcción de nuevos centros de corrección;
- Ampliación, construcción y redistribución de los centros de atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal; y
- Ampliaciones de centros correccionales del nuevo modelo penitenciario
Para ello, se presupuestó un un gasto de 10,500 millones de pesos.
«A pesar de la Procurador General de la República no tener planificación ni estructura para realizar un proyecto de tal magnitud tal era la alianza que existía entre el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que un presupuesto de más de diez mil millones de pesos, decide su aprobación y ejecución con una simple nota, sin estudio, ni ponderación, como si el patrimonio del Estado fuera parte sus propiedades lo que evidencia el poco respecto por la finanza pública», establece el Ministerio Público.
Sin embargo, detalla la instrumentación, para el proyecto no se tomaron en cuenta evaluaciones
estructurales, ambientales, hidrológicas, seguridad, ni de factibilidad de suelo, elevando los costos de realización y se reflejó de manera evidente en la calidad de la millonaria obra.
