Ubaldo Guzmán Molina 
El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Jochi Vicente, sugirió una reforma fiscal que reduzca en 50 por ciento los gastos y mejore los ingresos en la misma proporción.
Plantea que se debe establecer el monto objetivo de la reforma y se puede asumir que el monto para el primer año sea de RD$42,000 millones, un 50% del déficit estimado para el 2017.
Propone iniciar el diálogo con los demás sectores identificando las partidas específicas de donde provendrá el 50 por ciento acordado para la reducción del gasto.
Señala que una vez acordada la parte del gasto, se discutirá el 50 por ciento del incremento de tasas, ampliación de la base y de exenciones fiscales.
La sugerencia de Vicente aparece en un artículo publicado en la revista Conexo, órgano del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Sostiene que cualquier posición que no sea la anterior implicará que la discusión gire únicamente en torno al aspecto tributario y no del gasto.
Considera que a menos que todos los sectores involucrados verdaderamente estén dispuestos a hacer sacrificios, es poco probable obtener resultado satisfactorio.
El problema fiscal es, a su juicio, complejo, y requiere de mucha voluntad política, por lo cual el sector empresarial está dispuesto a poner sobre la mesa todas las opciones, porque entiende que de seguir el statu quo las consecuencias podrían ser significativas y de alto daño para la economía.
Señaló que el costo político de la solución al problema fiscal es demasiado alto y por eso el Gobierno ha decidido posponer las discusiones de un Pacto Fiscal.
Cree que existen tres formas de resolver el problema fiscal, y la primera es seguir el statu quo y esperar el “Momento del Coyote Willy”, ya que la lógica de esta alternativa es que en medio de una crisis, los diversos sectores flexibilizarán sus posiciones.
Explicó que los costos sociales y económicos de esa opción podrían ser significativos y no deseables por ninguno de los actores, incluyendo el Gobierno.
Una segunda opción, dijo, es que el Gobierno podría ajustar su política fiscal, sin necesidad de hacer una reforma tributaria, de manera que el gasto crezca a una velocidad inferior que los ingresos fiscales. Esa opción, señala, tiene sus riesgos.
