Hoy 
José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia.
El expesidente del Consejo Nacional de Comerciante al Detalles, Jorge Morales Paulino, al deponer como testigo en el juicio que se le sigue a Leonardo Faña, por difamación e injuria aseguró que a modo personal no puede afirmar que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta ha propiciado daño a los comerciantes e importadores de productos agropecuarios.
“A José Ramón Peralta tengo más de 20 años conociéndolo”, respondió el testigo ante el juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, Vladimir Rosario, tras ser preguntado por los abogados Cristóbal Rodríguez y Santiago Rodríguez, de que si consideraba al funcionario como una persona “mafiosa”.
Morales Paulino reconoció que sus empresas han importados productos agrícolas, a través de la vía de las subastas, al tiempo que aclaró que para participar en las subastas no se necesita tener registro de proveedores del Estado.
Dijo que la forma como se maneja el tema de la importación de los productos agrícolas está de conformidad a lo establecido en el decreto que designa la comisión para las importaciones.
Descartó que la comisión designada para los permisos de importación de productos agrícolas este haciendo una “práctica mafiosa” y que su crítica a la misma, es por su composición y a la forma en como maneja las importaciones.
“Para establecer si hay una situación mafiosa es un asunto de investigación que nosotros no la tenemos, les reitero no le puedo certificar eso”, acotó el también abogado Morales Paulino.
Empero, cuestionó que sea subastas abiertas, ya que con esto se afectan los artículos de primera necesidad.
De su lado, el presidente de la Asociación de Jóvenes Comerciantes, Ceferino Leyba admitió en el tribunal que antes del 2012, participaba en la subastas de importación de productos agrícolas como un importador tradicional y que los artículos de primera necesidad llegaba a los diferentes sectores del Distrito Nacional.
Empero, dijo que fue excluido como importador tradicional por incumplimiento de la Ley de referencia.
